LEY 2640 DE 2026
(noviembre 4)
Diario Oficial No. 53.680 de 4 de noviembre de 2026
PODER PÚBLICO - RAMA LEGISLATIVA
Por medio de la cual se modifica, adiciona y prorroga la Ley 418 de 1997, sus prórrogas y se establece la política estatal para garantizar el orden público, lograr una transformación territorial integral y se dictan otras disposiciones.
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Esta ley tiene como objeto definir la política estatal para dotar al Estado colombiano de instrumentos jurídicos para el restablecimiento y mantenimiento del orden público, la protección de la población civil, la transformación territorial integral y el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas que afecten la seguridad, la convivencia y los derechos de los colombianos.
Para ello, adiciona, modifica y prorroga disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997, sus prórrogas y modificaciones y establece disposiciones adicionales para el Sometimiento a la Constitución y a la Ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas.
Las facultades previstas en esta ley se ejercerán de conformidad con lo establecido en la Constitución Política y la ley, los derechos de las víctimas, la independencia judicial y la autonomía de la Fiscalía General de la Nación.
DEFINICIONES.
ARTÍCULO 2o. DEFINICIONES. Para todos los efectos de la presente ley se aplicarán las siguientes definiciones:
Política estatal para garantizar el orden público. La conservación, el mantenimiento y el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional son responsabilidad del Estado, bajo la dirección del Presidente de la República en los términos del artículo 189, numeral 4, de la Constitución Política, y constituyen una política pública permanente, orientada a asegurar la convivencia pacífica, la seguridad, la paz y la tranquilidad, así como la vigencia de los derechos, deberes y libertades de todas las personas en desarrollo de los artículos 2o, 22 y 95 de la Constitución Política.
Para el cumplimiento de estos fines, el Estado empleará de manera articulada, complementaria y proporcionada, (i) los instrumentos constitucionales y legales a su disposición, entre ellos, la acción legítima de la Fuerza Pública, la acción judicial, fiscal, disciplinaria y penal del Estado; y (ii) el ofrecimiento unilateral de condiciones para el sometimiento individual o colectivo a la Constitución y la ley de los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas para su desmantelamiento.
Los actos preparatorios para el Sometimiento a la Constitución y a la ley no suspenden, disminuyen ni sustituyen las facultades y deberes constitucionales y legales de las autoridades civiles, militares y de policía para prevenir o intervenir, ni las funciones fiscales, disciplinarias y judiciales aplicables para investigar, juzgar y sancionar las conductas que amenacen el orden público, salvo las medidas temporales, expresas, motivadas, verificables y controladas que se adopten conforme a la Constitución y la ley.
Esta política vinculará a las autoridades de todas las ramas y niveles del poder público, dentro del ámbito de sus competencias, autonomía e independencia, y su desarrollo deberá garantizar en todo momento los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Actores Armados Ilegales o Terroristas. Se entenderá por Actores Armados Ilegales o Terroristas toda organización, grupo o estructura que, con independencia de su tamaño, de su capacidad militar u operativa o de su grado de incidencia frente a la Fuerza Pública, cometa o tenga la capacidad de cometer actos terroristas, afectar gravemente el orden público, comprometer la seguridad ciudadana, alterar la convivencia pacífica o vulnerar los derechos de la población civil, en los términos establecidos en la Ley 1908 de 2018 o demás normas que la reglamenten, modifiquen, aclaren, adicionen o sustituyan.
Para todos los efectos de esta ley, los actos terroristas y el terrorismo se definirán de conformidad con lo establecido en los artículos 144 y 343 del Código Penal (Ley 599 de 2000), y las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.
Esta definición incluirá tanto grupos que operen bajo la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, conforme lo indica el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra; así como organizaciones criminales conformadas y/o organizadas en una estructura jerárquica o en red, dedicadas a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, de acuerdo con la Convención de Palermo.
Este artículo tiene el objetivo de definir el alcance de aplicación del tratamiento penal diferenciado contemplado en esta ley sin perjuicio de las definiciones relevantes que se aplican en el campo operacional de acuerdo a las normas vigentes. El Consejo de Seguridad Nacional asesorará al Presidente de la República en la calificación de estos grupos, de acuerdo con lo establecido en su reglamentación.
Proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley. El Sometimiento a la Constitución y a la ley es el proceso mediante el cual un Actor Armado Ilegal o Terrorista, se somete de manera voluntaria, individual o colectiva a las condiciones fijadas por el Estado para su tránsito a la legalidad, el desmantelamiento de su estructura y de las economías ilícitas de las que participa, lo que a su turno le permite acceder a lo dispuesto en el marco para el tratamiento penal diferenciado dispuesto en el Título IIIA de la Ley 418 de 1997.
ARTÍCULO 3o. PROCESO DE SOMETIMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY. Cuando el proceso es colectivo este se adelanta en dos fases sucesivas de Sometimiento a la Constitución y a la Ley: una administrativa, a cargo del Gobierno nacional, y otra de judicialización, a cargo de las autoridades judiciales.
1. Fase administrativa: Manifestada la voluntad de Sometimiento de que trata el artículo 8o de la Ley 418 de 1997, corresponde al Gobierno nacional, por conducto de sus delegados autorizados:
1.1. Recibir del Actor Armado Ilegal o Terrorista la solicitud de Sometimiento, que deberá contener, cuando menos, la identificación de la estructura, el mando y el área de influencia territorial del grupo, el número de sus integrantes, el armamento y la información sobre redes de apoyo, financiadores, colaboradores bienes, economías ilícitas en las que participa y personas desaparecidas, secuestradas y el número de identificación de los menores de edad reclutados.
1.2. Se le informará al Actor Armado Ilegal o Terrorista, la hoja de ruta y el cronograma para el cumplimiento de las condiciones del Sometimiento, incluidos el desarme, la entrega de bienes, la reincorporación y restablecimiento de derechos efectivo de los niños, niñas y adolescentes reclutados, la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados incluyendo sus respectivas coordenadas geográficas, la entrega de las personas secuestradas y, cuando resulte necesario, la ubicación temporal de los integrantes de la organización en el lugar que designe el Gobierno con el fin exclusivo de facilitar su judicialización.
1.3. Constatar, con el apoyo de las instancias de verificación previstas en el artículo 8o de la Ley 418 de 1997, el cumplimiento progresivo de las condiciones del Sometimiento.
1.4. Suscribir con el Actor Armado Ilegal o Terrorista el Acta de Sometimiento, en la que constarán las condiciones cumplidas y las pendientes, y remitirla, junto con el informe de verificación correspondiente, a la autoridad judicial competente para dar inicio a la fase de judicialización.
2. Fase de judicialización: Recibida el Acta de Sometimiento, corresponde a las autoridades judiciales:
2.1. Asumir el conocimiento del proceso.
2.2. Valorar los aportes colectivos e individuales a la verdad, a la reparación de las víctimas, la información y entrega de bienes, el desmantelamiento efectivo de las economías ilícitas asociadas a la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo, colaboradores y financiadores que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, nacionales o transnacionales, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento.
2.3. Determinar la responsabilidad penal de manera individual y diferenciada según el grado de responsabilidad de cada integrante, las consecuencias jurídicas aplicables, los beneficios procedentes, las condiciones de cumplimiento de la pena y las causales de revocatoria del tratamiento penal diferenciado, según lo dispuesto en esta ley.
2.4. Proferir la decisión judicial de responsabilidad penal que reconozca los beneficios y los términos del Sometimiento, la cual quedará sujeta al cumplimiento continuado de las condiciones y a las causales de revocatoria establecidas en el artículo 66A de la Ley 418 de 1997.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno nacional reglamentará los aspectos operativos y logísticos para la ejecución de la fase administrativa de conformidad con los requisitos, parámetros y lineamientos de la presente ley. La fase administrativa no podrá extenderse por más de tres (3) meses contados desde su activación, sin que se remita el acta de sometimiento a la autoridad judicial competente. En ningún caso la reglamentación podrá establecer requisitos sustanciales, beneficios penales ni causales de exclusión o revocatoria distintos o adicionales a los previstos en esta ley. El término podrá ser prorrogado una única vez por el mismo periodo de tiempo, siempre y cuando se justifique debidamente.
PARÁGRAFO 2o. Para el sometimiento individual se aplicarán las condiciones de acceso y permanencia, así como los beneficios judiciales establecidos en esta ley. El Gobierno nacional adecuará la reglamentación establecida en el Decreto número 965 de 2020 o el que haga sus veces respecto de las reglas logístico-administrativas necesarias para el funcionamiento del sometimiento individual conforme a lo dispuesto en esta ley. En ningún caso se podrá modificar, crear o restringir por vía reglamentaria los beneficios establecidos en esta ley, las reglas del procedimiento judicial o la competencia de las autoridades judiciales.
Las personas que se sometan por la ruta individual contarán con un defensor público designado por la Defensoría.
PARÁGRAFO 3o. Para todos los efectos judiciales y administrativos, los niños, niñas y adolescentes sometidos a cualquier forma de uso, reclutamiento o utilización por parte de los actores armados ilegales serán considerados víctimas del conflicto armado o del crimen organizado. En tales circunstancias, serán sujetos de reparación integral, según corresponda de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011 y la Ley 2421 de 2024 o en el programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de las estructuras de crimen organizado o terroristas de artículo 66F de la Ley 418 de 1997.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar iniciará de manera inmediata el proceso administrativo de restablecimiento de derechos y garantizará, en coordinación con las entidades competentes, la atención psicosocial especializada y la continuidad educativa. Asimismo adoptará las medidas necesarias para la reintegración familiar y comunitaria siempre que esta no represente un riesgo para la vida, la integridad o la seguridad del niño, niña o adolescente.
PARÁGRAFO 4o. Verificación integral del desarme. El sometimiento deberá comprender la declaración y entrega de la totalidad del armamento, municiones y explosivos bajo control de la organización.
Esta información se verificará mediante procedimientos técnicos y la información se remitirá a la autoridad judicial cuando sea relevante.
El ocultamiento doloso de información relacionada con este parágrafo dará lugar a la perdida de beneficios conforme a lo establecido en esta ley.
DESMANTELAMIENTO DE ACTORES ARMADOS ILEGALES EN COLOMBIA Y TRANSFORMACIÓN TERRITORIAL INTEGRAL (TTI).
ARTÍCULO 4o. El Título 1 de la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
"TÍTULO 1.
INSTRUMENTOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN PÚBLICO."
ARTÍCULO 5o. El Capítulo 1 del Título I de la Ley 418 de 1997 quedará así:
"CAPÍTULO 1.
Disposiciones para lograr el Desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas. "
ARTÍCULO 6o. El artículo 8o de la Ley 418 de 1997 quedará así:
Artículo 8o. Facultades para el desmantelamiento de Actores Armados Ilegales o Terroristas. Los delegados autorizados expresamente por el Presidente de la República podrán adelantar, con el fin de garantizar el orden público, las actuaciones de que trata este artículo para viabilizar el Sometimiento a la Constitución y a la Ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, de conformidad con la Constitución Política, la presente Ley y las normas especiales aplicables.
I. Facultades de contacto y acercamiento. Los delegados autorizados por el Presidente de la República podrán:
1. Realizar contactos humanitarios con el fin de facilitar liberaciones, la reintegración de la niñez, la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, la asistencia médica, la prevención de desplazamientos o confinamientos, la protección de comunidades, las misiones médicas, los corredores humanitarios o la supresión de afectaciones contra la población civil.
2. Realizar los actos de acercamiento necesarios para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas manifiesten su voluntad de iniciar el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la Ley de qué trata el artículo 66A de esta ley.
II. Facultades en los actos preparatorios para el Sometimiento.
Manifestada la voluntad de someterse a la Constitución y a la ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, los delegados autorizados del Gobierno nacional podrán:
1. Adelantar las gestiones requeridas para que los Actores Armados Ilegales o Terroristas cumplan con las condiciones establecidas en el artículo 66A de esta Ley, incluida la gestión ante las autoridades competentes de los actos de aporte a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas, cuyos resultados podrán presentarse a las autoridades judiciales para su valoración.
2. Acompañar la verificación, junto con las autoridades judiciales y las instancias nacionales o internacionales que se designen, del cumplimiento de las condiciones de acceso a los beneficios que el Estado ofrece unilateralmente en el marco del Sometimiento a la Constitución y a la ley.
III. Facultades de apoyo técnico y logístico para el desarme.
Cuando así lo requiera el Gobierno nacional, una instancia técnica nacional o internacional podrá encargarse de la administración, el registro, el control, la destrucción o la disposición final del armamento del Actor Armado Ilegal o Terrorista, y de las demás actividades necesarias para el proceso de desarme, para lo cual se le otorgarán las facilidades logísticas y de protección necesarias para su establecimiento en el territorio nacional. Los privilegios e inmunidades de carácter tributario o aduanero solo podrán reconocerse en los términos de los tratados o convenios internacionales aprobados por el Congreso de la República y de la ley vigente, sin que esta disposición cree exenciones o beneficios tributarios nuevos.
Las facilidades y privilegios de carácter tributario y aduanero son exclusivos de la instancia técnica internacional.
El armamento, las municiones y los explosivos entregados se recibirán conforme a los manuales de cadena de custodia. Antes de su destrucción o disposición final, la policía judicial, con el apoyo de la Fuerza Pública, efectuará su inventario, su identificación técnica y, en el caso de las armas de fuego, su registro balístico, y remitirá los resultados a la Fiscalía General de la Nación. Se exceptúan los elementos que por seguridad deban destruirse de inmediato, de lo cual se dejará constancia.
PARÁGRAFO 1o. La dirección de las acciones previstas en este artículo corresponde al Presidente de la República, como responsable de la conservación y el restablecimiento del orden público. Los delegados del Gobierno nacional actuarán dentro del mandato expreso que se les otorgue y solo podrán suscribir instrumentos operativos y protocolos cuando así lo autorice expresamente el Presidente de la República.
PARÁGRAFO 2o. Las acciones previstas en este artículo no suspenden la acción penal, no interrumpen la actividad de las autoridades judiciales ni el ejercicio legítimo de las funciones constitucionales y legales de la Fuerza Pública frente a los Actores Armados Ilegales o Terroristas.
PARÁGRAFO 3o. La interlocución de los delegados autorizados por el Presidente de la República se realizará con integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista designados para ello o quienes tengan un mandato claro y expreso del Actor Armado Ilegal o Terrorista. En ningún caso se entenderá como reconocimiento de estatus político.
ARTÍCULO 7o. El artículo 8A de la Ley 418 de 1997 quedará así:
Artículo 8A. Garantías de Seguridad para el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley. Las autoridades competentes garantizarán la seguridad e integridad de los integrantes del Actor Armado Ilegal o Terrorista que participen del proceso, de los delegados autorizados por el Gobierno nacional y de las demás autoridades competentes que participen de los actos preparatorios y los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la ley.
ARTÍCULO 8o. El artículo 8B a la Ley 418 de 1997 quedará así:
Artículo 8B. Lugar para la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley. El Presidente de la República, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), podrá definir, mediante acto motivado, el lugar donde se materializará la judicialización de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, cumpliendo las siguientes condiciones:
1. Establecer una precisa delimitación geográfica.
2. Se mantendrá la vigencia del Estado social de Derecho, las operaciones de la Fuerza Pública y el ejercicio de las funciones de las autoridades civiles y judiciales.
3. No se suspenderá la ejecución de las órdenes de captura ni la extradición de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley.
4. Se podrán establecer centros de reclusión conforme a la clasificación del artículo 20 de la Ley 65 de 1993 y de la Ley 2446 de 2025.
5. El acto que defina el lugar indicará su finalidad, su delimitación geográfica, su término de funcionamiento, el procedimiento de ingreso y los mecanismos de seguimiento, será comunicado a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo.
6. La definición del lugar tiene carácter logístico y de seguridad.
La imposición de medidas de aseguramiento, el lugar de su cumplimiento y cualquier otra restricción de la libertad personal corresponden exclusivamente a la autoridad judicial competente.
ARTÍCULO 9o. Adiciónese el artículo 8B bis a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 8B bis. Identificación de los integrantes de los Actores Armados Ilegales o Terroristas para el Sometimiento a la Constitución y a la ley. En el marco de los actos preparatorios para someterse a la Constitución y a la ley, el actor armado ilegal o terrorista presentará ante el Ministerio de Justicia y del Derecho la lista de integrantes, certificada y suscrita por quien ejerza su mando. La lista indicará, para cada persona, su rol dentro de la estructura y la fecha aproximada de su vinculación.
La lista no producirá efecto alguno hasta que el Ministerio de Justicia y del Derecho expida resolución motivada de aceptación individual, previa verificación de cada persona incluida. La verificación se hará en un término máximo de treinta (30) días hábiles, prorrogable por una sola vez, con la información que en ese plazo deberán suministrar la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Pública, la Dirección Nacional de Inteligencia, el INPEC, Migración Colombia, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Cuando la persona no tenga registro civil o documento de identidad, la Registraduría Nacional del Estado Civil hará la inscripción y la expedición del documento correspondiente.
Para aceptar a una persona, la verificación debe aportar por lo menos un elemento adicional que demuestre que pertenecía al Actor Armado Ilegal o Terrorista antes de la entrada en vigencia de la presente ley, tales como informes de la Fuerza Pública o de inteligencia, investigaciones o procesos penales, capturas o incautaciones, o declaraciones de otros integrantes.
Las personas privadas de la libertad podrán ser incluidas en la lista, siempre que se acredite que su pertenencia al Actor Armado Ilegal o Terrorista es anterior a su captura. Su inclusión no implicará libertad, suspensión de la detención ni traslado, y el tratamiento penal diferenciado solo se aplicará a los delitos cometidos con ocasión de esa pertenencia.
No serán aceptadas las personas que hayan recibido beneficios de la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010, la Ley 1820 de 2016 u otros mecanismos de desmovilización o sometimiento, salvo por hechos cometidos después de su desmovilización y sin acumular beneficios.
Los menores de dieciocho años no harán parte de la lista y serán entregados de inmediato al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su condición de víctimas.
La aceptación no acredita por sí sola la pertenencia ante las autoridades judiciales, no genera derecho a los beneficios de esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía y a los jueces.
Suscrita el Acta de Sometimiento, la lista quedará cerrada, y cualquier inclusión posterior se someterá a la misma verificación.
Quien certifique la lista responderá por su veracidad. La inclusión dolosa de personas que no sean integrantes dará lugar a la exclusión de esas personas y a la pérdida de los beneficios de quien la haya certificado, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes.
Las listas y las resoluciones de aceptación serán reservadas hasta el inicio de la fase de judicialización, sin perjuicio del acceso de la Procuraduría General de la Nación, que vigilará el proceso de verificación.
PARÁGRAFO. La inclusión en la lista no acredita por sí sola la condición de integrante ante las autoridades judiciales, no genera derecho alguno a los beneficios previstos en esta ley y no sustituye la valoración que corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces de la República.
ARTÍCULO 10. Adiciónese un artículo 12A a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 12A. Coordinación interinstitucional de los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la Ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas. El Ministerio de Justicia y el Derecho coordinará la acción del Gobierno nacional en los actos preparatorios y en la fase administrativa para el Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas.
ARTÍCULO 11. Adiciónese un artículo 12B a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 12B. Coordinación con autoridades judiciales y órganos de administración judicial. Las autoridades judiciales, la Fiscalía General de la Nación y los órganos de gobierno y administración judicial, de acuerdo con su autonomía e independencia, participarán en los procesos de Sometimiento a la Constitución y a la ley de Actores Armados Ilegales o Terroristas dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales.
Para tal efecto, la Fiscalía General de la Nación ejercerá sus funciones de investigación y acusación con autonomía, de conformidad con la Constitución, esta ley y otras disposiciones legales aplicables al respectivo tratamiento jurídico; los jueces y tribunales competentes ejercerán el control judicial de las medidas, acuerdos, preacuerdos, beneficios, sanciones, medidas de aseguramiento, formas de cumplimiento de la pena y demás decisiones sometidas a su conocimiento, con plena independencia y autonomía; el Consejo Superior de la Judicatura podrá adoptar, dentro de sus competencias, medidas administrativas de gestión judicial, reparto, apoyo técnico, priorización operativa y fortalecimiento de despachos judiciales; y la Defensoría del Pueblo designará equipos de defensoría pública vinculados a los procesos judiciales que se desarrollen".
PARÁGRAFO. En cumplimiento del artículo 7o de la Ley 819 de 2003, en un plazo de tres (3) meses a partir de la expedición de la presente ley, la Defensoría del Pueblo deberá definir las condiciones necesarias para la representación judicial de los sometidos prevista por el presente artículo y de las víctimas de acuerdo con lo establecido en el artículo
21.4 de la presente ley, conforme a lo establecido en el estudio de cargas elaborado por la Defensoría del Pueblo. Si como resultado del estudio se determinará la necesidad de proveer nuevos defensores públicos para asegurar la adecuada representación judicial de sometidos y víctimas, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos para su creación, implementación y funcionamiento.
ARTÍCULO 12. Adiciónese un artículo 12C a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 12C. Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley. La Fiscalía General de la Nación contará con una Unidad especializada para la investigación y la judicialización de Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley, con equipos técnicos y profesionales suficientes e idóneos de la DIJÍN y el Cuerpo Técnico de Investigación.
Esta Unidad Especial funcionará de conformidad con lo normado en la ley y en el estatuto orgánico de la Fiscalía General de la Nación.
La Unidad Especializada será reglamentada conforme al estudio de cargas realizado por la Fiscalía General de la Nación y se coordinará con el Ministerio de Justicia y el Derecho, la Defensoría del Pueblo, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización y demás entidades con competencias para someter a la Constitución y a la ley a los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas.
En un plazo de tres (3) meses contados a partir de la expedición de la presente ley, la Fiscalía General de la Nación deberá definir las condiciones necesarias para el funcionamiento de la Unidad Especializada, conforme a lo establecido en el estudio de carga elaborado por la Fiscalía General de la Nación".
PARÁGRAFO. Si como resultado del estudio de cargas se determina la necesidad de crear nuevos cargos para garantizar el adecuado funcionamiento de la Unidad Especializada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público deberá verificar la disponibilidad de recursos necesarios para su creación, implementación y funcionamiento.
ARTÍCULO 13. Adiciónese el artículo 12D a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 12D. Transformación Territorial Integral (TTI). La Transformación Territorial Integral es el mecanismo de articulación, coordinación y ejecución de acciones civiles, sociales, económicas, de seguridad y de justicia mediante las cuales el Estado hace presencia efectiva permanente, legitima y coordinada en el territorio nacional, con el fin de fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio legítimo de la autoridad, sustituir las economías criminales por economías lícitas y sostenibles, adelantar acciones restaurativas, y prevenir la reconfiguración cie los Actores Armados Ilegales o Terroristas en el territorio rural y urbano, como garantía de no repetición.
La implementación de la Transformación Territorial Integral se desarrollará de manera articulada con el Plan Nacional de Desarrollo y promoverá su incorporación en los planes de desarrollo departamentales y municipales."
Los programas económicos y sociales que sean compatibles con la Transformación Territorial Integral conservarán sus efectos y se adaptarán a la política de Transformación Territorial Integral conforme la defina el Gobierno nacional.
PARÁGRAFO 1o. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), o la entidad que haga sus veces, priorizará la destinación de bienes inmuebles rurales que hayan sido objeto de extinción de dominio para: (i) la implementación de las Transformaciones Territoriales Integrales (TTI) de que trata el presente artículo, y (ii) la ampliación y el fortalecimiento de las colonias agrícolas previstas en la Ley 65 de 1993. En la destinación de estos bienes se dará prioridad a las víctimas y a las comunidades afectadas por el Actor Armado Ilegal o Terrorista del que provienen, especialmente en los municipios en los que este operaba. La SAE presentará un informe semestral al Ministerio de Justicia y del Derecho y a las Comisiones Primeras del Congreso sobre los bienes destinados a estos fines, con información desagregada por departamento y municipio.
PARÁGRAFO 2o. La Transformación Territorial Integral (TTI) deberá incorporar medidas de inclusión económica dirigidas prioritariamente a mujeres víctimas, mujeres rurales, mujeres cabeza de hogar, lideresas sociales, defensoras de derechos humanos y personas víctimas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como a otras poblaciones sujetas de especial protección constitucional presentes en territorios priorizados, mediante su acceso preferente a programas de generación de ingresos, fortalecimiento productivo, emprendimiento y oferta institucional, cerno estrategia para consolidar economías lícitas y sostenibles y prevenir la reconfiguración de estructuras criminales.
MARCO PARA EL TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO DE LOS INTEGRANTES DE LOS ACTORES ARMADOS ILEGALES O TERRORISTAS QUE SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY.
ARTÍCULO 14. Adiciónese un Título IIIA a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
"TÍTULO IIIA.
MARCO PARA EL TRATAMIENTO PENAL DIFERENCIADO DE LOS INTEGRANTES DE ACTORES ARMADOS ILEGALES QUE VOLUNTARIAMENTE SE SOMETAN A LA CONSTITUCIÓN Y A LA LEY."
ARTÍCULO 15. Adiciónese el artículo 66A al Título IIIA de la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66A. Condiciones para el tratamiento penal diferenciado.
Los Actores Armados Ilegales o Terroristas que se sometan a la Constitución y a la ley deberán manifestarlo de manera libre, expresa y debidamente informada, por escrito, ante el Gobierno nacional.
En el marco de los actos preparatorios para acceder al tratamiento penal diferenciado derivado del Sometimiento a la Constitución y a la ley, el grupo deberá, cuando menos:
1. Suscribir las actas de sometimiento colectivo e individual a la Constitución y a la ley, con la plena identificación de todos sus integrantes.
2. Hacer dejación de las armas, en las condiciones y bajo los mecanismos de verificación que se dispongan para el efecto.
3. Identificar y entregar, desde la solicitud de sometimiento a la niñez reclutada, a las personas secuestradas que se hallen bajo su control y a las personas utilizadas en los delitos de trata de personas.
Respecto de las personas dadas por desaparecidas, el grupo deberá entregar de manera inmediata, completa y veraz toda la información de que disponga sobre su paradero, su suerte y la ubicación de sus restos, y cooperar con lo Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, según su competencia, en las labores de búsqueda, localización, recuperación e identificación. El ocultamiento de información sobre personas desaparecidas dará lugar a la revocatoria del tratamiento penal diferenciado.
4. Cesar toda actividad ilícita, incluida la explotación ilícita de yacimientos mineros y afectaciones a la población civil, y entregar la maquinaria, los insumos y los demás bienes utilizados en ella.
5. Comprometerse con el desmantelamiento y entrega de la información de que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración y financiación, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.
6. Suministrar información sobre la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal y artefactos explosivos improvisados, incluyendo sus respectivas coordenadas geográficas.
7. Acreditar que la persona no se encuentre privada de la libertad por delitos que tengan relación concreta y probada con la continuidad de la estructura y sus economías ilícitas, salvo que dicha privación de la libertad se haya efectuado en el marco de los actos preparatorios, la fase administrativa o la fase judicial del proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley regulado en la presente norma.
El cumplimiento de estas condiciones será verificado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, con la intervención de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio de Defensa Nacional que aportara, con sujeción a la reserva legal, la información operacional y de inteligencia de la fuerza pública sobre la dejación de armas, el cese de actividades ilícitas y la ubicación de las áreas contaminadas con minas antipersonal, y sin perjuicio del control que corresponda a las autoridades judiciales competentes una vez inicien las etapas de indagación, investigación y judicialización.
Una vez iniciado el proceso de indagación, investigación y judicialización, la permanencia en el tratamiento penal diferenciado está condicionado a que cada persona en el proceso de Sometimiento:
a) Mantenga una participación genuina y comprometida con el proceso.
b) Colabore de manera eficaz con la justicia y aporte verdad plena, lo cual implica: (i) un relato exhaustivo, detallado y veraz de las conductas en que participó o de las que tenga conocimiento, sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, y sus autores, participes, financiadores y beneficiarios; (ii) el reconocimiento expreso de su responsabilidad; y (iii) la respuesta a los requerimientos de la Fiscalía General de la Nación, de las autoridades judiciales y de las víctimas, incluida su participación en audiencias de reconocimiento de responsabilidad cuando las víctimas lo soliciten.
Los hechos que el beneficiario omita y que se acrediten con posterioridad no estarán cubiertos por el tratamiento penal diferenciado. La omisión dolosa de hechos graves o el aporte de información falsa dará lugar a la revocatorio de los beneficios.
c) Se abstenga de cometer nuevas conductas punibles.
d) Contribuya a la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral.
e) Suministre la información de que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena de que trata el numeral 2 de este inciso y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.
f) Identifique, declare y entregue de manera completa, efectiva y verificable los bienes y activos obtenidos con ocasión de sus actividades ilícitas, como garantía de los derechos a la reparación de las víctimas y de las comunidades afectadas, que puedan ser efectivamente monetizables o utilizables, de conformidad con las leyes de extinción de dominio, para contribuir a la reparación de las comunidades y garantizar la reparación integral de las víctimas. En ningún caso podrán ocultar, omitir deliberadamente, transferir fraudulentamente o suministrar información falsa o incompleta sobre dichos bienes y activos, incluidos aquellos que se encuentren en poder de terceros o respecto de los cuales ejerzan control directo o indirecto.
g) Realice trabajos restaurativos, incluidas acciones de erradicación de cultivos ilícitos, desminados humanitario y de recuperación ambiental de las zonas afectadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros.
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones previstas en este artículo dará lugar a la revocatoria del tratamiento penal diferenciado y de los beneficios asociados a él, según la valoración judicial correspondiente.
PARÁGRAFO 1o. El Gobierno nacional reglamentará los aspectos operativos de la verificación para el cumplimiento de las condiciones de que trata este artículo en lo que corresponde a los actos preparatorios y fase administrativa del proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley, sin que se puedan establecer beneficios o causales de exclusión o revocatoria distintos de los previstos en esta ley.
PARÁGRAFO 2o. Una vez iniciadas las etapas de indagación, investigación y judicialización, la Fiscalía General de la Nación verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas en este artículo para solicitar a la autoridad judicial competente la aplicación de los beneficios jurídicos establecidos en el artículo 66B de esta ley.
PARÁGRAFO 3o. A los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas que individual y voluntariamente se sometan a la Constitución y a la ley conforme al procedimiento previsto en el parágrafo 2o del artículo 3o de esta ley se le podrán aplicar los beneficios jurídicos y socio-económicos dispuestos en esta ley siguiendo las condiciones establecidas en este artículo. El Gobierno nacional adoptará las medidas administrativas necesarias para viabilizar este sometimiento. Este parágrafo no se aplicará a los colaboradores de que trata el artículo 66H de esta ley, quienes se regirán exclusivamente por dicho artículo.
PARÁGRAFO 4o. Cuando un integrante de los Actores Armados Ilegales o Terroristas, en el marco de aportes individuales o colectivos a la verdad, declare contra terceros con la finalidad de obtener los beneficios previstos en la presente ley, el valor probatorio de dicha declaración estará supeditado a que su contenido se soporte en otras pruebas. La compulsa de copias para que se investigue a terceros no estará sujeta a que se haya proferido condena contra el declarante. El aporte de información falsa dará lugar a las investigaciones correspondientes y generará la perdida de beneficios de acuerdo con lo establecido en esta ley.
PARÁGRAFO 5o. Los niños, niñas y adolescentes que hayan nacido o crecido dentro del grupo armado serán identificados y reportados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que verificará sus derechos. Si se establece que fueron reclutados, usados o utilizados en cualquier función, serán reconocidos como víctimas de reclutamiento ilícito; en los demás casos se aplicará el régimen de restablecimiento de derechos de la Ley 1098 de 2006. En aplicación de su interés superior, se privilegiará su permanencia con la madre, el padre o la familia que se someta a la Constitución y a la ley, con medidas de apoyo y fortalecimiento familiar.
Los integrantes el grupo informarán sobre los hijos e hijas que hayan sido separados de ellos y dejados al cuidado de terceros o que se encuentren bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Respecto de estos, se adelantará la ruta de reunificación familiar, siempre que responda a su interés superior.
Si quien ejerce su cuidado es privado de la libertad, se valorará con prioridad su ubicación en la familia extensa y la procedencia de las medidas alternativas previstas para madres y padres cabeza de familia.
La Registraduría Nacional del Estado Civil garantizará de manera prioritaria y gratuita su registro civil e identificación.
ARTÍCULO 16. Adiciónese el artículo 66B a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66B. Tratamiento penal diferenciado para quienes se sometan a la Constitución y a la ley. La Fiscalía General de la Nación podrá acordar la aplicación de los términos establecidos en este artículo con quienes individual o colectivamente cumplan con lo establecido en el artículo 66A de esta norma.
Según lo dispuesto en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 los acuerdos celebrados entre Fiscalía e indiciado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten los derechos y garantías fundamentales de los indiciados o de las víctimas.
Los términos aplicables incluyen las siguientes:
1. Rebaja punitiva del 50% de la pena acumulada según los aportes a la verdad y la reparación de las víctimas, así como a las contribuciones al desmantelamiento que puedan ser verificadas.
Esta aplica a los delitos cometidos con ocasión de su pertenencia al Actor Armado Ilegal o Terrorista. Quien haya ejercido el rol de mando, en términos de control y liderazgo de la estructura, dentro de dicha estructura, la rebaja punitiva será del 30%.
Para el Actor Armado Ilegal o terrorista que, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, reclute nuevos menores de edad, la rebaja de la pena no podrá exceder del diez por ciento (10%).para quienes hayan ejercido funciones de mando dentro de la organización y del treinta por ciento (30%) para quienes no ejercen un rol de mando.
No podrán acceder al tratamiento penal diferenciado del Título IIIA ni a los Programas de Tránsito a la Legalidad, los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas que hayan sido condenados mediante sentencia en firme por reclutamiento ilícito (artículo 162 del Código Penal) o por uso de menores de edad en la comisión de delitos (artículo 188D del Código Penal), según lo establecido en la sentencia. Esta exclusión no afecta los derechos que el régimen penitenciario ordinario reconoce a las personas privadas de la libertad ni los derechos de las víctimas.
2. Posibilidad de cumplir la medida de aseguramiento en centros de arraigo transitorios conforme a lo dispuesto en el artículo 23A de la Ley 65 de 1993, así como de ejecutar la pena privativa de la libertad, en colonias agrícolas dispuestas en el artículo 28 de la Ley 65 de 1993, o en cárceles productivas según lo dispuesto en la Ley 2446 de 2025, con el propósito de contribuir a la justicia restaurativa y reparación integral de las víctimas.
3. Aplicación de la libertad condicional desde las 4/5 partes de la ejecución de la pena efectiva, previo informe del centro de reclusión y de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización sobre su adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario y el cumplimiento de los compromisos asumidos en los Programas de Tránsito a la legalidad.
Para la libertad condicional también tendrá en cuenta el concepto favorable de la víctima respecto de la satisfacción de su derecho a la reparación integral, siempre y cuando ello no constituya una situación de revictimización. El tiempo que falte para el cumplimiento de la pena se tendrá como periodo de prueba. Cuando además de los informes anteriores se entregue información adicional que efectivamente conduzca a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, previo informe de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas o de la Fiscalía general de la Nación según su competencia que contribuya efectivamente a la verdad y a la reparación a las víctimas y al esclarecimiento sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento, esta aplicación de la libertad condicional pasará a las 2/5 partes de la ejecución de la pena.
4. Suspensión condicional para delitos menores: Transcurrido un año de la ejecución de la pena, se podrá suspender condicionalmente la ejecución del remanente de la sanción a los integrantes que no ejercieron rol de mando y cuyos delitos se limiten a: concierto para delinquir simple y agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias, utilización ilícita de equipos transmisores o receptores y porte ilegal de armas de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o de defensa personal, y que contribuyan a la verdad y a la memoria histórica como parte del mecanismo establecido en el artículo 4o de la Ley 1424 de 2010.
Transcurrido el periodo de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, sin que el condenado incumpla las obligaciones de que trata el presente artículo, la pena quedará extinguida previa decisión judicial que así lo determine. Quienes se presenten durante los primeros 180 días contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cumplan con la totalidad de los requisitos que trata el presente numeral y no tengan un rol de mando dentro de la organización, podrán tener derecho a la suspensión de la ejecución de la pena desde el momento en que se dicte la sentencia.
5. Transcurridos seis (6) años de la ejecución de la pena, suspensión condicional de su ejecución a los colaboradores de los actores armados ilegales o terroristas que hayan participado de los delitos de lavado de activos, testaferrato y/o enriquecimiento ilícito siempre y cuando entreguen la totalidad los bienes producto de las acciones ilícitas, incluyendo los bienes en cabeza de terceros, previa entrega de inventario verificado y aprobado por la Fiscalía, aporten colaboración eficaz sobre la red de financiación, lavado de activos y testaferrato y cumplan efectivamente con medidas verificables de justicia restaurativa. En estos casos serán exigibles las condiciones de acceso y de permanencia establecidas en esta ley. Asimismo cuando lo persona haya tenido un rol de mando, en los términos de la presente ley, en el componente financiero del Actor Armado Ilegal o Terrorista no se podrá aplicar el tratamiento de colaborador establecido en este numeral y será tratado como integrante de acuerdo con su rol.
PARÁGRAFO 1o. La colaboración eficaz y las contribuciones al desmantelamiento serán valoradas por la Fiscalía General de la Nación, y por la autoridad judicial cuando apruebe el acuerdo, y podrán incluir, entre otras, las siguientes actividades judiciales y extrajudiciales: información para la búsqueda de personas desaparecidas y secuestradas, erradicación de cultivos ilícitos, desminado, participación en programas restaurativos, entrega de bienes para la reparación, aporte a la verdad y entrega de información que disponga sobre la estructura, el modo de operación y el área de influencia de la organización, sus fuentes de financiación, rutas, bienes y economías ilícitas, así como sobre las redes de apoyo que hayan facilitado su actuación, incluidas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que le hayan prestado colaboración, en cuanto sea necesaria para su desmantelamiento. Esta información complementa la verdad plena de que trata el literal b) del artículo 66A de la Ley 418 de 1997 y será valorada por la Fiscalía General de la Nación según su utilidad y verificabilidad; por sí sola no constituirá prueba contra terceros.
PARÁGRAFO 2o. Una vez expedida la sentencia condenatoria, la autoridad judicial competente revocará los beneficios otorgados en cumplimiento de este artículo si se establece que el integrante o colaborador del Actor Armado Ilegal o Terrorista beneficiado incumplió con alguna de las condiciones establecidas, no ejecutó las medidas de justicia restaurativa impuestas, ocultó bienes o aportó información falsa o incompleta. En caso de reincidencia se procederá a investigar y judicializar la conducta punible y acumular penas.
PARÁGRAFO 3o. La pena impuesta a quienes hayan tenido rol de mando en la organización, una vez aplicados los términos previstos en este artículo, no podrá ser inferior a 10 años. El mismo mínimo se aplicará para quienes hayan tenido un rol determinante en el reclutamiento de menores. Dicho mínimo deberá cumplirse en privación efectiva de la libertad, sin que la libertad condicional, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la redención de pena ni ningún otro sustitutivo o beneficio permitan reducir ese término.
PARÁGRAFO 4o. La valoración conjunta de los efectos de las rebajas, las modalidades especiales de cumplimiento de la pena, la libertad condicional y las redenciones previstas en este artículo y en el artículo 66C se aplicará exclusivamente a quienes no hayan ejercido rol de mando en la organización. Respecto de quienes hayan ejercido dicho rol, se aplicará el límite mínimo de diez (10) años de privación efectiva de la libertad previsto en el parágrafo 3o de este artículo. En los demás casos, la autoridad judicial deberá motivar la decisión sobre el efecto conjunto de los beneficios reconocidos y garantizar que subsistan una sanción efectiva y una restricción real de la libertad, atendiendo a la gravedad de las conductas, la responsabilidad individual y los aportes verificados a la verdad, la reparación y el desmantelamiento de la organización.
ARTÍCULO 17. Adiciónese el artículo 66C a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66C. Redención de pena por trabajo, colaboración eficaz, erradicación de cultivos ilícitos, desminado y trabajos restaurativos.
Los integrantes de Actores Armados Ilegales o Terroristas sometidos al tratamiento penal diferenciado de que trata esta Ley accederán a la redención de pena en los siguientes términos:
Redención por participación en programas restaurativos, erradicación de cultivos ilícitos y desminado. Se reconocerá un (1) día de pena por cada día en el que el sometido participe en programas restaurativos de los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios en las que los Actores Armados Ilegales o Terroristas operaron. De igual manera, en erradicación manual de cultivos ilícitos o desminado, sin que dichas actividades comprometan la integridad de terceros ni de la Fuerza Pública.
PARÁGRAFO 1o. Las actividades de erradicación y desminado de que trata el numeral 2 del presente artículo se adelantarán bajo la coordinación y supervisión de las autoridades competentes en la materia, quienes certificarán su cumplimiento para efectos de la redención.
PARÁGRAFO 2o. Para efectos de esta ley, se entienden por programas y medidas restaurativas las actividades concretas, verificables y con metas medibles orientadas a reparar el daño causado a las víctimas y a las comunidades afectadas, tales como la reconstrucción de infraestructura comunitaria, la recuperación ambiental, el apoyo al desminado humanitario, la contribución a la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la erradicación manual de cultivos ilícitos y los actos de reconocimiento de responsabilidad. Cada programa contará con un plan que indique las actividades, su duración, el lugar de ejecución y la entidad que certificará su cumplimiento, el cual será aprobado por la autoridad judicial competente, previa audiencia a las víctimas acreditadas.
La redención será reconocida por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, con base en la certificación de cumplimiento efectivo. El Gobierno nacional reglamentará los aspectos operativos de los programas restaurativos a los que hace alusión el presente artículo, sin que pueda modificar los criterios aquí establecidos.
PARÁGRAFO 3o. La certificación falsa o fraudulenta de las actividades previstas en este artículo dará lugar a la revocatoria de la redención reconocida y a las acciones penales y disciplinarias a que haya lugar.
PARÁGRAFO 4o. Los programas restaurativos de que trata el presente artículo podrán incluir la restauración ecológica de ecosistemas, ríos y fuentes hídricas afectados por la deforestación, explotación ilícita de yacimientos mineros y los cultivos de uso ilícito. Estos programas se sujetarán a las siguientes reglas:
a) Plan técnico. Cada programa contará con un plan de restauración que defina el área por intervenir, las especies nativas por utilizar, las metas verificables de resultado y su periodo de seguimiento.
b) Certificación. La redención por estas actividades requerirá en todos los casos la certificación de la autoridad ambiental competente, que verificará el cumplimiento de las actividades y su conformidad con el plan técnico. En áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las actividades requerirán la autorización y la supervisión de la autoridad que administre el área.
En territorios étnicos, estos programas se concertarán previamente con las autoridades indígenas y los consejos comunitarios, se ejecutarán bajo la supervisión de la autoridad ambiental competente y en ningún caso implicarán la permanencia de los sometidos en dichos territorios sin el consentimiento de sus autoridades.
ARTÍCULO 18. Adiciónese el artículo 66D a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66D. Medidas de aseguramiento y centros de reclusión para las penas privativas de la libertad personal. Para el cumplimiento de medidas de aseguramiento y ejecución de las penas privativas de la libertad personal dispuestas por las autoridades judiciales en el marco de la judicialización del Sometimiento a la Constitución y a la ley, el Gobierno nacional, de acuerdo al artículo 14 de la Ley 65 de 1993, podrá disponer de condiciones especiales para la ejecución de la privación de la libertad, con el fin de lograr el Sometimiento a la Constitución y a la ley de los Actores Armados Ilegales o Terroristas. En todo caso estas condiciones especiales deberán garantizar la restricción efectiva de la libertad personal. Al respecto podrán utilizarse los centros de arraigo transitorios dispuestos el artículo 23A de la Ley 65 de 1993, las colonias agrícolas de que trata el artículo 28 de la Ley 65 de 1993 y las cárceles productivas establecidas en la Ley 2446 de 2025.
PARÁGRAFO. Las colonias agrícolas y demás centros de que trata el presente artículo no podrán ubicarse en territorios colectivos de comunidades negras ni en resguardos indígenas sin la realización de la consulta previa. Las actividades productivas que se desarrollen en ellos priorizarán la agricultura sostenible, la pesca artesanal y la restauración ambiental, y su producción podrá destinarse a la reparación de las víctimas.
ARTÍCULO 19. Adiciónese el artículo 66E a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66E. Programas de Tránsito a la Legalidad. El Gobierno nacional diseñará e implementará Programas de Tránsito a la Legalidad, dirigidos a otorgar beneficios sociales y económicos, individual o colectivamente, a los integrantes de los Grupos y Estructuras Armadas Ilegales que se encuentren en el proceso de Sometimiento a la Constitución y a la ley de que trata el artículo 66A de esta ley y que cumplan las condiciones allí previstas.
El Gobierno nacional estructurará y ejecutará programas de formación y desarrollo integral para promover la reinserción social efectiva de los integrantes de los Grupos y Estructuras Armadas Ilegales. Para tal fin el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Educación trazarán los lineamientos de la política pública, el SENA ejecutará los programas de formación profesional integral.
Estos programas de formación se enfocarán en áreas de alta demanda en el mercado laboral, considerando las ocasiones productivas de los territorios.
El Ministerio de Educación Nacional divulgará y facilitará el acceso a los programas educación superior, fomentando el desarrollo intelectual y académico de los beneficiarios de la presente ley.
La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o la entidad que haga sus veces, liderará el diseño, la ejecución y la evaluación de los Programas de Tránsito a la Legalidad, en coordinación con las demás entidades competentes según la naturaleza de cada beneficio, e incorporará un enfoque diferencial, étnico, territorial y de género que atienda las necesidades particulares de sus destinatarios y de las comunidades receptoras.
El acceso y la permanencia en los Programas de Tránsito a la Legalidad estarán sujetos a la verificación del cumplimiento de las condiciones de que trata el artículo 66A de esta ley, y se perderán cuando se configure alguna de las causales de revocatoria allí previstas.
PARÁGRAFO 1o. Los Programas de Tránsito a la Legalidad priorizarán proyectos productivos locales y sostenibles, tales como la agricultura sostenible, la pesca artesanal, el ecoturismo y la restauración de áreas afectadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros y los cultivos de uso ilícito, articulados con las economías propias de los territorios y con la Transformación Territorial Integral.
PARÁGRAFO 2o. En los territorios de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras e indígenas, los programas respetarán la autonomía de los consejos comunitarios y de las autoridades indígenas, sus planes de etnodesarrollo y planes de vida, y se ejecutarán previa concertación con ellas. Ningún programa podrá implicar el asentamiento de personas sometidas en territorios colectivos o resguardos sin el consentimiento de sus autoridades.
PARÁGRAFO 3o. Los proyectos productivos podrán vincular de manera conjunta a víctimas, comunidades y personas sometidas, como medida de justicia restaurativa y reconciliación, siempre que exista consentimiento libre e informado de las víctimas y comunidades participantes.
PARÁGRAFO 4o. El acceso y la permanencia en los beneficios socioeconómicos estarán condicionados a la vinculación, asistencia y cumplimiento de los programas formación existentes y/o de certificación de competencias laborales ejecutadas por el SENA, información que deberá reportar a la ARN.
El Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Educación Nacional trazarán los lineamientos de política en sus áreas de competencia. Estos programas se extenderán también a los jóvenes de las comunidades aledañas como estrategia de prevención del reclutamiento, para lo cual el gobierno nacional, a través de la Unidad del Servicio de Empleo y las Agencias de intermediación Laboral, estructurará rutas de empleo efectivo, lo cuales deberán ser pertinentes con las ocasiones productivas de los territorios donde se implementen Transformaciones Territoriales Integrales (TTI) y las colonias agrícolas.
PARÁGRAFO 5o. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, o la entidad que haga sus veces brindarán acompañamiento psicológico y socioemocional, con el fin de promover el bienestar emocional y mental de cada individuo y su entorno familiar. Este acompañamiento estará a cargo de profesionales especializados en salud mental quienes brindarán apoyo individual y grupal.
ARTÍCULO 20. Adiciónese el artículo 66F a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66F. Reparación de las Víctimas de Actores Armados Ilegales o Terroristas. Las víctimas de los Grupos Armados Organizados podrán realizar la solicitud de registro de que trata el artículo 155 de la Ley 1448 de 2011, modificado mediante el artículo 77 de la Ley 2421 de 2024, y acceder a los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición que tal marco legal establece. Por su parte, el Gobierno nacional creará un programa de reparación individual por vía administrativa para las víctimas de las estructuras de crimen organizado y terroristas.
En el marco de los procesos judiciales de Sometimiento a la Constitución y a la ley, las víctimas y comunidades en las que operaron los Actores Armados Ilegales o Terroristas tendrán prioridad en la destinación de los bienes y activos productos del comiso. Para esto en las sentencias condenatorias se consignará de manera clara, expresa y exigible las obligaciones de reparación a cargo de quienes se sometan, con indicación de los bienes o recursos comprometidos, los plazos, los responsables y los medios de verificación y dispondrán las obligaciones de reparación moral y económica a las víctimas.
PARÁGRAFO. DE LA REPARACIÓN COLECTIVA. En ningún caso las medidas de reparación individual, administrativas o judiciales, podrán excluir, sustituir, limitar o condicionar el derecho de las comunidades a la reparación colectiva. En consecuencia, ambas deberán garantizarse de manera integral, complementaria y articulada, conforme a los principios de reparación integral y complementariedad establecidos en los artículos 21 y 25 de la Ley 1448 de 2011, modificados por los artículos 10 y 11 de la Ley 2421 de 2024, así como a las disposiciones sobre reparación colectiva previstas en los artículos 151 y 152 de la misma ley.
ARTÍCULO 21. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El listado que sigue no agota los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Las víctimas con interés legítimo también tendrán derecho a:
1. Ser tratadas con justicia, dignidad y respeto.
2. Ser reconocidas como víctimas dentro del proceso judicial que se adelanta.
3. Aportar pruebas e interponer recursos.
4. Recibir asesoría, orientación y representación judicial a través de la Defensoría del Pueblo.
5. Ser informadas del avance de la investigación y del proceso.
6. Ser informadas oportunamente de cuándo se llevarán a cabo las distintas audiencias del proceso, y a intervenir en ellas.
7. Recibir atención y acompañamiento psicosocial con enfoque diferencial, de género y territorial durante todas las etapas del proceso, en especial en las audiencias de reconocimiento de responsabilidad y en la entrega de restos de persones dadas por desaparecidas, a través del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI) o el que haga sus veces.
8. La protección oportuna y reforzada de la vida, la integridad y la seguridad personal suya y de su familia frente a riesgos, amenazas o represalias derivados de su participación en las distintas etapas del proceso o de la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación.
9. Podrán manifestar desacuerdo con el tratamiento penal diferenciado, la aprobación del acuerdo de sometimiento o a la concesión de cualquier beneficio punitivo o subrogado a favor del postulado, de acuerdo con las oportunidades procesales y procedimientos de participación establecidos en la ley.
Esto incluirá los casos en los que:
a) Que el postulado no haya reparado de manera real, efectiva y suficiente a las víctimas, o haya ocultado, distraído o entregado de forma incompleta o simulada los bienes y activos destinados a la reparación; b) Que el postulado haya engañado o inducido en error a la administración de justicia mediante el ocultamiento doloso de conductas punibles o partícipes, el suministro de información falsa, incompleta o inverificable sobre personas desaparecidas, estructuras criminales o redes de apoyo, o el incumplimiento de los compromisos de no repetición; o c) Que la pena resultante tras la aplicación acumulada de rebajas, subrogados, suspensiones condicionales o redenciones resulte irrisoria, manifiestamente desproporcionada frente a la gravedad del daño causado y, por tanto, revictimizante.
PARÁGRAFO. La oposición de la víctima será formulada y sustentada de acuerdo con las oportunidades procesales previstas en la ley, con plenas garantías de contradicción y aporte probatorio. El juez deberá valorar estas intervenciones de conformidad con los derechos protegidos en la Constitución y la jurisprudencia constitucional.
ARTÍCULO 22. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS EN CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL. En todos los procesos que se adelanten en el marco de esta ley se garantizarán los derechos de las víctimas de violencia basada en género y en especial de violencia sexual, de conformidad con lo previsto en: el bloque de constitucionalidad.
En los delitos en que se constituya alguna forma de violencia sexual, se garantizará a las víctimas el derecho a la intimidad, la privacidad, la confidencialidad, la no confrontación con el agresor, el acompañamiento psicosocial y la no discriminación por su pasado, comportamiento, orientación o identidad de género diversa. Los jueces y fiscales se abstendrán de practicar pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, evitando la revictimización.
PARÁGRAFO. Para determinar la ausencia de consentimiento del sujeto pasivo, en la valoración y juzgamiento de los delitos sexuales, deberá prestarse especial atención al contexto de intimidación generalizada causado por el conflicto armado y por fenómenos de macrocriminalidad.
ARTÍCULO 23. Adiciónese el artículo 66G a la Ley 418 de 1997, el cual quedará así:
Artículo 66G. Derechos políticos, penas accesorias e inhabilidades. El tratamiento penal diferenciado, la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la extinción de la pena, la libertad condicional, la redención y los demás beneficios jurídicos y socioeconómicos previstos en esta ley no modifican el régimen de penas accesorias del Código Penal ni las inhabilidades constitucionales y legales para inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado como servidor público o celebrar contratos con el Estado.
La aplicación de esta ley no implica reconocimiento de carácter político a los Actores Armados Ilegales o Terroristas ni a sus integrantes, sin perjuicio del régimen constitucional y legal de los delitos políticos.
PARÁGRAFO. La sentencia que reconozca el tratamiento penal diferenciado dejará constancia de las inhabilidades que se derivan de la condena y se comunicará en los términos del artículo 166 de la Ley 906 de 2004. Las decisiones posteriores sobre suspensión de la ejecución, libertad condicional o extinción de la pena se comunicarán a las mismas autoridades.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS.
ARTÍCULO 24. PROCEDIMIENTO PENAL APLICABLE. La fase de judicialización del Sometimiento a la Constitución y a la ley se desarrollará de acuerdo con lo establecido en la Ley 1908 de 2018, específicamente los artículos 43 a 53, en lo que no sea contrario a lo establecido en esta ley. Para esto se entenderá que el procedimiento establecido en dichos artículos aplica a Actores Armados Ilegales o Terroristas que hayan manifestado su voluntad individual o colectiva de someterse a la Constitución y a la ley.
PARÁGRAFO. La fase administrativa del proceso de sometimiento a la Constitución y a la ley se regirá por lo dispuesto en esta ley y la regulación operativa y logística dispuesta por el gobierno nacional, la cual no podrá establecer requisitos, beneficios, ni causales de exclusión o revocatoria distintos de los previstos en esta ley.
ARTÍCULO 25. SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA DE ESTADO. El Gobierno nacional, por conducto del Ministerio de Justicia y del Derecho, realizará el seguimiento a la implementación de la presente ley y presentará anualmente al Congreso de la República un informe público sobre sus avances, resultados y dificultades. El Gobierno nacional definirá los indicadores, metodologías y mecanismos de articulación institucional necesarios para el cumplimiento de este artículo, los cuales medirán, como mínimo: (i) la desarticulación efectiva de las estructuras sometidas y la ausencia de su reconfiguración; (ii) la reducción de los índices de criminalidad y violencia en los territorios en los que operaban; (iii) la reparación efectiva de las víctimas; (iv) el número de niños, niñas y adolescentes reincorporados y entregados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; (v) el número de personas dadas por desaparecidas localizadas o identificadas con la información aportada; y (vi) los bienes entregados y su destinación a la reparación de las víctimas y a las transformaciones territoriales integrales. La Fiscalía General de la Nación aportará la información de su competencia. El informe se presentará a las comisiones primeras constitucionales de senado y cámara con la información desagregada por departamento y municipio.
PRÓRROGAS, DEROGATORIAS Y VIGENCIA.
ARTÍCULO 26. Además de lo dispuesto en los anteriores capítulos, prorróguense el artículo 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, parágrafo 3A y 3B transitorios del artículo 8o, 8C, 8D, 10, 12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 49, 49A, 49B, 49B bis, 49C, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 y los artículos nuevos sobre seguro contra accidentes a los miembros voluntarios de los organismos de socorro que forman parte del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres <Art. nuevo>, el que establece que los beneficios de que trata el Decreto número 1385 de 1994 se extienden a los integrantes de las actores armados ilegales <Art. nuevo> y el que establece que los servidores públicos de elección popular y sus familias, cuyas vidas se encuentren en peligro inminente debidamente comprobado por las autoridades competentes, serán atendidos por el Ministerio del Interior y Ministerio de Relaciones Exteriores para facilitar los mecanismos de protección que consagra el Derecho Internacional Humanitario <Art. nuevo> de la Ley 418 de 1997 y sus modificaciones.
Igualmente, prorróguense el inciso primero y los incisos primero y segundo del parágrafo del artículo 8o y el artículo 9o de la Ley 1421 de 2010.
ARTÍCULO 27. DEROGATORIAS. Deróguese los artículos 2o, 5o, 6o, 7o de la Ley 2272 de 2022; el artículo 14 de la Ley 418 de 1997 modificado por el artículo 5o de la Ley 1421 de 2010; así como las disposiciones de dicha ley que sean contrarias a esta.
ARTÍCULO 28. El artículo 10 de la Ley 418 de 1997 quedará así:
Artículo 10. La dirección en la implementación de los instrumentos definidos en el presente capítulo para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia, corresponde exclusivamente al Presidente de la República como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación. Quienes a nombre del Gobierno participen en los instrumentos dispuestos por este capítulo, lo harán de conformidad con las instrucciones que él les imparta.
El Presidente de la República podrá autorizar la participación de representantes de diversos sectores de la sociedad civil, cuando a su juicio puedan colaborar en los mismos.
ARTÍCULO 29. El artículo 12 de la Ley 418 de 1997 quedará así:
Artículo 12. Las personas que participen en la implementación de los instrumentos dispuestos por la presente ley con autorización del Gobierno nacional, no incurrirán en responsabilidad penal, ni disciplinaria por razón de su intervención en los mismos.
PARÁGRAFO. Podrán solicitar el archivo de la investigación, la preclusión de la misma o cualquier forma de terminación cuando se demuestre que los hechos fueron desarrollados en cualquiera de las etapas de los instrumentos establecidos en este capítulo y de las derivadas de la implementación de los mismos.
ARTÍCULO 30. VIGENCIA. Esta ley rige a partir de su publicación y estará vigente por cuatro años.
El Presidente del Honorable Senado de la República, Honorio
Miguel Henríquez Pinedo.
El Secretario General del Honorable Senado de la República, Diego
Alejandro González González.
El Presidente de la Honorable Cámara de Representantes,
Nicolás Antonio Barguil Cubillos.
El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes,
Miguel Ángel Sánchez Vásquez.
REPÚBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL
Publíquese y cúmplase.
Dada, a 4 de noviembre de 2026.
ABELARDO DE LA ESPRIELLA
El Ministro del Interior,
Alejandro Ordoñez Maldonado.
El Ministro de Justicia y del Derecho,
Iván Alfonso Cancino González.
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