[591] En la Sentencia C-345 de 2019 (M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado) se recogieron los diferentes criterios que componen cada uno de los niveles del test de proporcionalidad. En el test débil se constata si (i) la medida persigue una finalidad que no está constitucionalmente prohibida y (ii) es idónea o adecuada. En el test intermedio se valora si (i) la medida persigue una finalidad constitucionalmente importante, (ii) el medio para lograrlo es efectivamente conducente y (iii) la medida no es evidentemente desproporcionada. En el test estricto se verifica si (i) la medida persigue una finalidad constitucionalmente imperiosa; (ii) además de ser efectivamente conducente para alcanzar la finalidad propuesta, resulta necesaria, esto es, si no puede ser reemplazada por otras menos lesivos para los derechos de los sujetos pasivos de la norma y (iii) es proporcional en sentido estricto, en el sentido de que los beneficios de adoptar la medida exceden claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales.
[592] La sentencia indica que el artículo 95 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia dispone que "[e]l Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia" para lo cual deberá implementar el Plan de Justicia Digital. Esta misma norma indica "[l]os documentos emitidos por los citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales."
[593] MM.PP. Luis Guillermo Guerrero Pérez y Cristina Pardo Schlesinger. En esta sentencia se analizó la constitucionalidad del Decreto Legislativo 491 de 2020, "por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica".