Referencia: expediente D-6028

 

Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 975 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

 

Demandante: Wilson Alfonso Borja Díaz

 

Magistrado Ponente:

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

 

 

Bogotá D.C., doce (12) de julio de dos mil seis (2006)

 

La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Córdoba Triviño -quien la preside- Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes,

 

 

 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Wilson Alfonso Borja Díaz, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en el artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7 de la Constitución Política,  demandó la inconstitucionalidad de la Ley 975 de 2005 “por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”.

 

 

 

A continuación, se transcribe el texto completo de la ley demandada

 

 

 

 

 

El impugnante de la referencia estructura la demanda en dos secciones: la primera, relacionada con la existencia de supuestos vicios en el proceso de formación de la Ley 975 de 2005 y la segunda, contentiva de supuestos vicios de fondo. Los cargos serán expuestos en ese orden.

 

1. Vicios de procedimiento en el trámite de formación de la Ley 975 de 2005

 

 

Para el demandante,  los artículos 3, 10, 11, 20, 23, 24, 25, 29, 31 y 61 de la Ley 975 de 2005 vulneran los artículos 150-17, 201 y 30 transitorio de la Constitución Política, además del artículo 131 de la Ley 5ª de 1992, porque, así no lo digan expresamente, en aquellos se consagra la figura penal del indulto, a pesar de lo cual  el legislador no cumplió con los requisitos de mayorías y votación secreta que la Constitución exige para este tipo de concesiones.

 

Advierte que las normas citadas ocultan indultos bajo la figura de la alternatividad, gracias a la cual el Gobierno Nacional debe intervenir para determinar si la persona efectivamente tiene derecho a tal beneficio.

 

Sostiene que el artículo 29 de la Ley 975 de 2005 permite la sustitución de la pena, con intervención del Ejecutivo, lo que demuestra que, a la luz de la normativa constitucional, el procedimiento encubre un verdadero indulto.

 

Indica que, no siendo suficiente que a los desmovilizados se les apliquen penas irrisorias en relación con la gravedad de sus delitos, el artículo 71 de la Ley 975/05 adiciona el artículo 468 del Código Penal, que trata de la sedición, al incluir en este delito a los miembros de los grupos guerrilleros o de autodefensa, lo que permite darle el carácter de delincuentes políticos a miembros de grupos al margen de la ley que han cometido delitos de lesa humanidad.

 

Lo anterior, dice, es prueba de que lo que fue objeto de regulación en la Ley 975/05 fue un indulto y que, al aprobarlo, se vulneraron la Constitución y la Ley, pues el legislador no cumplió con las exigencias de mayorías calificadas para su aprobación (dos tercios de los votos de los miembros de ambas cámaras), exigidas por los artículos los artículos 150-17, 201 y 30 transitorio de la Carta Política, así como no respetó la votación secreta exigida por el artículo 131 de la Ley 5ª de 1992.  Sobre el particular, recalca que la ley demandada pretende dar a los miembros de grupos al margen de la ley el la categoría de delincuentes políticos –al incluirlos dentro del tipo penal de la sedición-, con el único propósito de hacerlos acreedores de un indulto que no cumplió con los requisitos legales y constitucionales exigidos.

 

Del mismo modo, las normas acusadas quebrantan lo dispuesto por el artículo 201 de la Constitución Política, que  prohíbe incluir en el indulto la responsabilidad del indultado respecto de los particulares. En este punto, resalta que los beneficios concedidos por la Ley 975/05 a los desmovilizados comprometieron los perjuicios ocasionados a particulares, pues de la lectura de la ley se observa que la misma no ofrece garantías serias para el resarcimiento de las víctimas.

 

Finalmente, precisa que los artículos demandados extienden los beneficios del indulto a grupos que han cometido delitos atroces y homicidios fuera de combate, lo que contraviene el artículo 30 transitorio de la Constitución Política, además de lo que al respecto señalan instrumentos internacionales. Sobre el punto, asegura que una ley no puede borrar la historia y el dolor de un país que ha sufrido la violencia armada y que ha vivido el espanto de los delitos de lesa humanidad. Por ello, dice, es reprochable que se pretenda ocultar la verdad al país mediante prebendas a cambio de la desmovilización.

 

 

El demandante asegura que los artículos 2, 26, 32 y 33 de la Ley 975 de 2005 son violatorios de los artículos 152-b) y 153 de la Constitución Política, y de los artículos 119, 207 y 208 de la Ley 5ª de 1992, porque al referirse a la modificación de aspectos puntuales de la estructura de la administración de justicia, debieron ser aprobados por el procedimiento de aprobación de las leyes estatutarias, cosa que no ocurrió.

 

En efecto, asegura que la competencia del Consejo Superior de la Judicatura para asignar los Tribunales Superiores competentes para adelantar el juzgamiento de los casos provenientes de la aplicación de la Ley 975/05, la creación de la Unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz y la creación de cargos en la Fiscalía General de la Nación son ejemplos de cómo la Ley 975/05 modificó la estructura de la administración de justicia.

 

Al respecto, señala que la jurisprudencia constitucional –Sentencia C-670 de 2001 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa-, sirve de apoyo a su aserto en el sentido de garantizar que esta materia quede reservada a leyes de jerarquía estatutaria, con todas las exigencias propias para la aprobación de este tipo de normas.

 

 

A juicio del demandante, los artículos 5, 6, 7, 8, 37, 42, 43, 44, 46, 47, 49 y 56 de la Ley 975 de 2005 debieron ser aprobados con las formalidades propias de las leyes estatutarias, pues contienen disposiciones relativas a derechos y deberes fundamentales, así como a los procedimientos para su protección. Allí se regulan los derechos humanos de las víctimas a la justicia, la verdad, la reparación, la memoria y lo relacionado con la restitución y la rehabilitación. Estos derechos se caracterizan por ser universales, incondicionados, imprescriptibles e inviolables en su núcleo esencial, por lo que merecen protección especial del Estado, protección que se garantiza mediante la exigencia de que su regulación se incluya en leyes estatutarias.

 

Como sustento de sus afirmaciones, el demandante transcribe textos pertinentes, de organizaciones internacionales y doctrinantes dedicados a la promoción de los derechos humanos, que resaltan la categoría jurídica de los mismos y dan cuenta del compromiso de los Estados por proveer su suficiente protección.

 

 

El demandante afirma que el trámite de la apelación de los artículos 61 y 64 del proyecto de ley de justicia y paz, que corresponden a los artículos 70 y 71 de la Ley 975 de 2005, vulneró los artículos 157, 159, 160 y 162 de la Constitución Política y los artículos 2-2, 5, 160, 166, 178, 179 y 180 de la Ley 5ª de 1992.

 

La razón se explica así: el proyecto de la ley de la referencia fue discutido en sesiones conjuntas de Senado y Cámara, los días 11 y 12 de abril de 2005. En la sesión del 11 de abril se aprobó el retiro de las proposiciones del representante Roberto Camacho Weverberg y del senador Andrés González. La proposición sustitutiva de Darío Martínez fue negada, tras lo cual también fue negada la propuesta del proyecto original, contenida en el artículo 64.

 

Siendo negado el artículo, el senador Henrán Andrade Serrano apeló de la decisión ante la plenaria de la Corporación. A continuación fue propuesta la reapertura del debate, respecto del artículo 64, la cual fue negada por el Senado. Aunque la comisión de la Cámara la aprobó por 15 votos, la misma no tenía el quórum suficiente para decidir. El representante José Luis Arcila Córdoba dejó constancia de que no podían discutirse artículos nuevos, ya que la Cámara no se había pronunciado en cuanto a la votación, porque el quórum estaba incompleto.

Ni en esa sesión, ni en la siguiente, se volvió a discutir el tema.

 

En la sesión siguiente, del 12 de abril, se votó la solicitud de reapertura del artículo 61 que había sido negado. Previo debate, la propuesta fue negada. Acto seguido, el senador Carlos Moreno De Caro insistió en la apelación ante la negativa de dicho artículo.

 

Elevada la apelación, la Presidencia del Senado dio trámite a los recursos interpuestos y ordenó dar traslado a la Comisión Segunda del Senado de la República, mediante resolución 187 del 17 de mayo de 2005. La Cámara de Representantes, mediante resolución 721 del 18 de mayo de 2005 designó una comisión accidental para resolver la apelación de los artículos 61 y 64 del proyecto de ley de justicia y paz.

 

La comisión accidental presentó su informe, el cual recibió concepto favorable y fue aprobado por el Senado, con el voto negativo de los senadores Avellaneda, Jimmy Chamorro, Antonio Navaro Wolf y Rafael Pardo.

 

Hecho el anterior recuento, el demandante sostiene que el recurso de apelación previsto por el artículo 159 de la Constitución Política y por el artículo 166 de la Ley 5ª de 1992 está diseñado para los proyectos de ley que han sido negados en su totalidad en la comisión y no para los artículos de dichos proyectos. En esas condiciones, no estaba permitido al Congreso tramitar la apelación de la decisión negativa emitida respecto de los artículos 61 y 67 del proyecto original. La apelación únicamente opera, dice el demandante, para proyectos en su conjunto, no para artículos individuales, razón que se confirma si se atiende al contenido de la Sentencia C-385 de 1997, en donde la Corte Constitucional precisó que la apelación estaba destinada a ser puesta en marcha en casos de proyectos de ley.

 

Por demás, el caso concreto tampoco consistía en una enmienda que no fue considerada en primer debate, para subsanar errores o incorrecciones técnicas, terminológicas o gramaticales –caso en el cual podría aplicarse el artículo 180-2 de la Ley 5ª de 1992-, ni tampoco se trataba de una enmienda negada en primer debate; como tampoco de una modificación, adición o supresión del artículo de un proyecto.

 

El demandante afirma que la negación del artículo en la comisión impedía que apareciera en la plenaria, por lo que, respecto de esas normas, no era procedente la apelación. Y es que para que el recurso de apelación proceda –agrega- se requería que todo el proyecto, no sólo algunos de sus artículos, hubiera sido archivado definitivamente.

 

 

En este punto, el demandante sostiene que la Comisión Accidental encargada de resolver el recurso de apelación a que se hace referencia en el numeral anterior incurrió en extralimitación de funciones –violando con ello los artículos 123 y 124 de la Constitución Política y 66 y 166 de la Ley 5ª de 1992- porque en lugar de ajustarse a las competencias conferidas por las resoluciones 187 de 2005 y 721 del mismo año, que la autorizaban para estudiar y rendir informe sobre la procedencia de la apelación, la Comisión presentó propuesta modificatoria de los citados artículos, la que posteriormente fue aprobada por la Plenaria.

 

A juicio del demandante, la función de la comisión se restringía a estudiar la procedencia de la apelación presentada contra la decisión de improbar los artículos 61 y 67, pero no podía extenderse –como en efecto sucedió- hasta la modificación de los artículos puestos a consideración suya.

 

Con el fin de probar sus acusaciones, el demandante transcribe in extenso, textos de la ponencia para primer debate al proyecto de la ley de la referencia, en los que supuestamente se acogen las modificaciones denunciadas.

 

 

El demandante asegura que la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en sesión del 12 de abril de 2005, omitió declararse en sesión permanente y aprobó disposiciones del proyecto de ley por fuera del término de sesiones ordinarias, que es de cuatro horas contadas a partir de la apertura, según el artículo 83 de la Ley 5ª de 1992.

 

 

Indica también el actor que en las sesiones del 10 y 11 de mayo de 2005, la Plenaria del Senado leyó y pretendió aprobar el informe rendido por la subcomisión que conocía de la apelación de los artículos 61 y 64 del proyecto de la ley de la referencia, no obstante que dicha discusión nunca fue incluida en el orden del día. Esta impropiedad constituye, a su juicio, violación del artículo 151 constitucional y de los artículos 78, 79, 80, 81 y 82 de la Ley 5ª de 1992.

 

Sobre el punto, vale la pena resaltar –dice el actor- que en la sesión del 11 de mayo no se aprobó el informe de la subcomisión, por cuanto el quórum estaba incompleto.  El informe no fue publicado y lo que se pretendió fue lograr su aprobación mediante la alteración del orden del día. Por ello, no era del caso conocer de un informe que no había sido incluido en el orden del día.

 

2. Vicios materiales de la Ley 975 de 2005

 

 

Tal como lo evidencia el encabezamiento de este cargo, el demandante considera que los beneficios conferidos por la Ley 975/05 encubren un verdadero indulto, que opera incluso frente a la comisión de delitos de lesa humanidad.  El actor precisa que dicho indulto se encuentra consignado en los artículos 3, 10, 11 y 29 de la ley acusada.

 

Al desarrollar su argumento, el demandante indica que, mediante Sentencia C-768 de 1998, la Corte Constitucional definió el concepto de indulto, pero se queja de que el que se concede por virtud de la Ley 975/05 no tiene restricciones y quebranta los principios de solidaridad y dignidad humana que inspiran nuestro estado social de derecho, al igual que lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 93 de la Constitución Política.

 

Para el demandante, un indulto es un perdón total o parcial concedido por el Presidente de la República, que favorece a condenados por delitos políticos o comunes conexos, salgo secuestro y narcotráfico. Precisa que el conferido por la Ley 975/05 no es un perdón total, sino limitado, porque implica la reducción de la pena. Dentro de esa lógica, los beneficiados del indulto promovido por la Ley 975/05 son las personas que se encuentren en las listas remitidas por el Gobierno Nacional a la Fiscalía, tal como lo precisa el artículo 10 de la Ley acusada.

 

Teniendo en cuenta esta metodología, las disposiciones legales permiten que en las listas del Gobierno se incluya a personas que han violado derechos humanos y el derecho internacional humanitario, como quiera que la norma no es clara en cuanto a los delitos cubiertos por el beneficio de la alternatividad, lo que permite que sus efectos se extiendan a delitos de lesa humanidad.

 

Aclara que la ley acusada complementa las normas precedentes dictadas con el fin de favorecer a los grupos armados al margen de la juridicidad, aquellas son la Ley 782 de 2002, el decreto 128 de 2003, y el decreto 2767 de 2004, por lo que debe entenderse que las personas que no califican para hacerse acreedoras a la normativa anterior pueden beneficiarse de las prerrogativas ofrecidas por la Ley 975 de 2005, generalizándose con ello la impunidad bajo cualquier supuesto.

 

Para reafirmar que lo que existe a la base de la ley 975 de 2005 es un indulto, el demandante llama la atención sobre el contenido del artículo 71 de dicho estatuto, que cataloga como sedición las conductas desplegadas por grupos guerrilleros y de autodefensa que interfieran en el normal funcionamiento del orden constitucional. Con dicha disposición, la Ley 975/05 eleva a la categoría de delincuentes políticos a los miembros de dichas agrupaciones, excluyéndolos de la posibilidad de ser extraditados.

 

A su juicio, la sedición ataca la operatividad del Estado, por lo que no  resulta acorde con el régimen de democrático que se proteja a quienes delinquen, pues sería tanto como legitimar su conducta opuesta a los fines estatales. A esto se suma que el artículo 71 de la Ley 975 modificó el verbo rector de la sedición, incluyendo el de “interferir”, el cual cambia la esencia del delito.

 

En cuanto al tema de los delitos políticos, el demandante asegura que no siempre es fácil distinguir el móvil político del que no lo es. No obstante, la Ley 975/05 no ofrece criterios de diferenciación y no permite establecer qué conductas pueden ser objeto del beneficio de la alternatividad, lo cual permite incluir delitos de lesa humanidad. Sostiene que esa función corresponde a los jueces y no al Gobierno Nacional. Al respecto, cita jurisprudencia de la Corte Constitucional en la que la Corporación afirma que el indulto y la amnistía sólo pueden concederse por delitos políticos, mucho menos por delitos de humanidad lesionada.

 

A lo anterior se suma que por su desmovilización, a los grupos alzados en armas no se les exigió ninguna contraprestación.

 

 

El demandante precisa que, contrario a lo reconocido por la Corte Constitucional en su jurisprudencia, la Ley 975/05, en sus artículos 5, 6, 7, 8 y 37 no dispone mecanismos efectivos para garantizar la reparación, indemnización y protección de las víctimas. Las disposiciones citadas consagran un término extremadamente corto para la investigación y juzgamiento, lo que impide que las víctimas adquieran conocimiento real de los hechos y que se hagan efectivos los principios consagrados en el bloque de constitucionalidad, que fueron reconocidos por la Sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional.

 

Agrega que los derechos de las víctimas, tal como lo admite la jurisprudencia contenida en la Sentencia C-695/02, no se limitan a la reparación pecuniaria, sino que implica el conocimiento de la suerte de los familiares, el conocimiento de la verdad y que se haga justicia. Así lo reafirma la Sentencia C-004 de 2003 de la Corte Constitucional  -que cita in extenso-, al advertir que el Estado conserva el deber correlativo de investigar seriamente los hechos punibles. El actor encuentra en la jurisprudencia de la Corte justifica una labor estatal suficiente que permita a las víctimas conocer la realidad del delito que las perjudicó, no sólo la realidad procesal, sino la histórica.

 

Los artículos 7, 15, y 48 de la Ley 975/05 –dice-, consagran el derecho de las víctimas a conocer la verdad de los hechos, pero no otorgan garantía alguna para ese alcance, pues tan solo exigen a las autoridades la difusión pública y completa de la verdad judicial, una verdad que suerte de un proceso breve, inconsistente y prematuro que no otorga una garantía seria y oportuna a las víctimas y a la sociedad, sobre las conductas criminales investigadas, y más adelante enjuiciadas. Lo mismo se deduce del análisis general de la ley de justicia y paz.

 

Esta situación se agrava, según el demandante, cuando el artículo 17 de la ley no exige la confesión plena como requisito para acceder a los beneficios de la alternatividad, lo que implica que el procesado no está obligado a satisfacer plenamente el derecho a la verdad, como garantía de las víctimas y de la sociedad y como compromiso para el restablecimiento desorden y la consecución de la paz. Si el proceso penal no ofrece garantías adecuadas, el derecho a la justicia resulta irrealizable. Lo mismo sucede si las etapas del proceso son tan cortas que impiden adelantar completamente la investigación, sobre todo tratándose de hechos de tal gravedad. Las víctimas no tienen claro qué mecanismos están a su alcance para recibir reparación por el delito y en cambio lo que se percibe son las garantías para los victimarios.

 

Considera que la definición de víctima del artículo 5º de la Ley reduce el ámbito de protección de las personas que, sin ser familiares, pueden resultar afectadas por los delitos cometidos por los beneficiarios de la alternatividad penal. En esa línea, no considera lógico que se incluya a los miembros de la fuerza pública y a sus familiares como víctimas, si para su resarcimiento existen otros procedimientos y acciones judiciales.

 

 

En este punto, el demandante sostiene que la gravedad de los delitos cometidos por los miembros de los grupos favorecidos por la Ley 975/05 no guarda relación de proporcionalidad y racionalidad con las penas impuestas. Al respecto, dice que la norma vulnera el contenido del bloque de constitucionalidad en las normas de protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

 

Dice que el proceso a que serán sometidos los beneficiarios de las medidas de la Ley 975/05 es breve y restrictivo y no garantiza el debido proceso consignado en la Ley 16 de 1972, aprobatoria de la Convención Americana de Derechos Humanos. Además, la pena imponible no cumple con los móviles de resocialización, prevención y reparación previstos por la legislación. Ello porque, a su juicio, los principios de proporcionalidad –que obliga a que la pena se ajuste a la gravedad de la conducta- y de razonabilidad –que garantiza la adecuación de los medios con los fines- no se cumplen en la Ley 975/05, ley que permite que delitos graves reciban condenas que oscilan entre 5 y 8 años.

 

En estas condiciones, la ley acusada atenta contra los fines de la pena, por cuanto castiga con penas menores a quienes cometen delitos graves, sacrificando de paso sacrifica el derecho de las víctimas.

 

Aunque reconoce que el quantum de la pena no es criterio único para juzgar la proporcionalidad de la misma, el demandante afirma que d todos modos ese criterio no se ve equilibrado por obligaciones como la de confesar los delitos cometidos o de ofrecer elementos de juicio que permitan desvertebrar las organizaciones a las cuales pertenecieron. Esto se agrava si se tiene en cuenta que las penas recibidas lo son únicamente por los delitos confesados, sin perjuicio de que delitos detectados durante el proceso –que no fueron confesados- también sean objeto de los beneficios legales (art. 19). El artículo 20 ofrece la pena alternativa al procesado, con la investigación de varios delitos en un solo proceso, y permite la acumulación de penas impuestas en procesos terminados, lo que también propicia la impunidad.

 

El inciso final del artículo 30 permite que la pena se cumpla en el exterior, pero dicha medida no encuentra justificación alguna en los debates legislativos, amén de que no existe claridad acerca de los sujetos beneficiarios de la misma.

 

Adicionalmente, a pesar de que la ley no se aplica a delitos cometidos con anterioridad al ingreso del desmovilizado a la organización ilegal, la brevedad del proceso impide establecer  con certeza el momento de ingreso.

 

A lo anterior agrega que la Ley 975 es inconstitucional porque consagra principios vinculados al nuevo sistema penal acusatorio que, por disposición del artículo 5º del Acto Legislativo 3 de 2002, no podían aplicarse para delitos cometidos con anterioridad al 1º de enero de 2005.

 

Por otra parte, no tiene sentido -dice el actor- que el artículo 40 de la Ley 975 de 2005 incluya la posibilidad de que personas que aparezcan comprometidas con los hechos investigados y no pertenezcan o hubieren pertenecido al grupo armado se beneficien de las medidas por ella contemplados. Esta circunstancia se convierte en un aliciente para quienes obran al margen de la ley.

 

Finalmente, la Ley 975/05 deja un vacío en los esfuerzos por establecer la responsabilidad histórica de funcionarios del Estado, en lo que toca con el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales, por lo que no permitirá desmontar las estructuras criminales, dejado latente el peligro de que recrudezca la violencia.

 

 

 

 

En forma oportuna intervino dentro del proceso el señor Ministro del Interior y de Justicia, doctor Sabas Pretelt de la Vega, obrando en representación del Ministerio y también personalmente en su condición de ciudadano, quien solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la Ley impugnada, por ajustarse a la Constitución. En sustento de esta petición presentó los siguientes argumentos:

 

Inicialmente, el Ministerio estima necesario formular algunas consideraciones preliminares que se resumen así:

 

 

 

De acuerdo con las normas internacionales sobre derechos humanos, los Estados tienen el deber de adoptar las medidas necesarias para combatir la impunidad. Este concepto ha sido definido por la Corte Interamericana de Derechos humanos como la “falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de violaciones a los derechos humanos"; no obstante, el mismo Derecho Internacional permite conceder perdones a los delincuentes “con el fin de facilitar las negociaciones y de alcanzar una paz duradera y estable para los países, aún en desmedro del derecho de justicia de las víctimas.”  Estas mismas fuentes internacionales consagran dos límites generales al poder de los Estados de conceder amnistías o indultos: (i) Conforme al Protocolo II, la amnistía solo puede hacerse efectiva frente a quienes simplemente han participado en las hostilidades,  es decir “sólo pueden concederse amnistías o indultos por delitos políticos o delitos conexos con estos”; ahora bien, esta “conexidad” exige una relación estrecha y directa entre el delito político y el conexo, y de todas maneras, “bajo ninguna circunstancia los delitos comunes objeto de amnistía pueden constituir delitos graves conforme al derecho internacional.” (ii) Tampoco las amnistías o indultos pueden abarcar delitos de lesa humanidad como crímenes de guerra o vulneraciones graves de los derechos humanos, conductas que están tipificadas por el ius cogens internacional, por lo cual “generan la obligación erga omnes de castigarlos, tanto en el ámbito nacional como internacional”. 

 

En este punto el Ministerio explica que la “Ley 975 de 2005 establece un procedimiento penal para la investigación, juzgamiento, sanción y beneficios judiciales de las conductas punibles diferentes a delitos políticos y conexos, incluyendo las graves violaciones contra los derechos humanos cometidas por los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional”. Este procedimiento especial, prosigue, “es procedente si se materializan los derechos a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y demás exigencias allí contempladas.” En todo caso, de no ser procedente la aplicación de tal ley no habría impunidad, pues para el juzgamiento de las conductas que no quedan cobijadas, debe aplicarse el procedimiento ordinario. Tampoco los miembros al margen de la ley que hayan sido beneficiarios de indulto, resolución inhibitoria o cesación de procedimiento por delitos políticos y conexos en virtud de la ley 782 de 2002 quedan por ese hecho eximidos de la responsabilidad penal que les corresponda por otras  conductas punibles, la cual se haría efectiva mediante el procedimiento previsto en la Ley 975 de 2005 o en las leyes vigentes al momento de la comisión del delito.

 

Por otro lado, el Ministerio recuerda la importancia del reconocimiento de los derechos de las víctimas dentro de los procesos de paz; citando la  Sentencia C- 578 de 200M.P Manuel José Cepeda Espinosa. , el Ministerio manifiesta que la Ley 975 de 2005 se ajusta a la Carta, toda vez que permite conseguir la paz garantizando los derechos fundamentales, así como también los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

 

Explicado lo anterior, la intervención resume las razones por las cuales la ley acusada no es una ley de impunidad, señalando al respecto que la misma:

 

1. No contempla la concesión de amnistías e indultos ya que establece una pena efectiva de entre cinco y ocho años de prisión para quienes resulten condenados.

 

2. La Ley 975 de 2005 se aplica a quienes hayan sido o puedan ser imputados, acusados o condenados por delitos no indultables o amnistiables. En dicha ley “el Legislador expresamente establece la condición de sediciosos a los integrantes de los grupos armados organizados al margen de la ley pero solamente por la pertenencia o conformación de dichos grupos, sin que puedan entenderse subsumidas en tal tipo penal los delitos de lesa humanidad, narcotráfico y demás conductas que se escapan al ámbito del delito político.”

 

3. De conformidad con los instrumentos internacionales y la jurisprudencia nacional e internacional, los delitos más graves no son considerados delitos políticos ni conexos con estos.

 

4. Por lo anterior, la Ley de Justicia y Paz permite a las autoridades cumplir con la función punitiva que le ha sido encomendada de perseguir los delitos.

 

 

Bajo este acápite, el Ministerio indica que la Ley bajo examen, en cuanto constituye un mecanismo de búsqueda de la paz y de solución del conflicto armado, se enmarca dentro del amplio margen de libertad de configuración reconocido al legislador en estos asuntos.  La normatividad anterior que buscó los mismo objetivos, contemplaba beneficios jurídicos únicamente respecto de los delitos políticos y conexos cometidos por personas vinculadas a los grupos al margen de la ley; sin embargo la ley acusada va más allá, al llenar un vacío jurídico “en relación con los miembros de grupos armados ilegales que, estando comprometidos en delitos no indultables, avancen de manera seria por los senderos de la paz”.

 

Resalta en este punto el Ministerio, que la Ley 975 de 2005 “es también excepcional por cuanto no es una ley para tiempos de normalidad sino para propiciar el cese de la violencia en el país ocasionada por los grupos organizados al margen de la ley”. La razón de ser de la justicia transicional está en la dificultad que la justicia clásica tiene para alcanzar los objetivos de reconciliación nacional. Ésta, basada en el principio de inocencia, haría muy difícil “probar por fuera de "toda duda racional" la culpabilidad o la participación en masacres, asesinatos, secuestros y otras actividades ilegales de cada una de las personas que realmente estuvieron implicadas”; en cambio, la transicional pretende “la reparación a las víctimas, la obtención de la verdad (el establecimiento de una memoria colectiva sobre el conflicto), lograr el perdón nacional (mas no el olvido) para prevenir futuras venganzas y enfrentar las violaciones de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.”

 

 

Explica aquí la intervención que la Ley acusada, en cuanto contempla disminuciones de las penas, lejos de implicar la impunidad la supera, “al generar condiciones para la investigación, juzgamiento y sanción efectiva de los miembros de los grupos organizados al margen de la ley... y la reincorporación efectiva de los miembros de tales grupos a la vida civil en aras del restablecimiento de la paz y la reconciliación nacional”. Desde este punto de vista, constituye una ponderación adecuada entre la justicia y la paz, pues aquella, sin dejar de serlo, “cede su enfoque retributivo basado primordialmente en el castigo por un enfoque restaurativo que permite salvaguardar la verdad y la reparación de las víctimas con miras al logro de la PAZ”. Por eso, los beneficios contemplados en la Ley 975 de 2005 y la racionalidad y proporcionalidad de las penas alternativas que allí se prevén, dice el Ministerio que debe analizarse dentro de éste contexto de justicia restaurativa, y no bajo la noción expiatoria de la pena.

 

 

Dice aquí el Ministerio, que en el Derecho Internacional de los derechos humanos, la cuantificación máxima y mínima de las penas es flexible. La dosificación atiende a criterios que incluyen los intereses de las víctimas, la colaboración con la transición hacia la democracia y superación del conflicto, y no sólo la gravedad del delito, el grado de participación en la conducta, o las circunstancias atenuantes y agravantes.

 

Recalca que  el beneficio jurídico de suspensión de la ejecución de la pena determinada en sentencia, reemplazándola por una pena alternativa consistente en la privación de la libertad por un período mínimo de cinco (5) años y no superior a ocho (8) años, únicamente podrá concederse en la sentencia “si se encuentra acreditada la contribución del beneficiario a la consecución de la paz nacional, la colaboración con la justicia, la reparación a las víctimas y su adecuada resocialización”. De igual manera, “se requiere que el beneficiario se comprometa a contribuir con su resocialización a través del trabajo, estudio o enseñanza durante el tiempo que permanezca privado de la libertad, y a promover actividades orientadas a la desmovilización del grupo armado al margen de la ley al cual perteneció.” La pena alternativa, que deberá contemplarse en la Sentencia, no podrá ser objeto de subrogados penales, beneficios adicionales o rebajas complementarias y, una vez cumplida, implica conceder la libertad a prueba por un término igual a la mitad de su duración. Mientras se cumple la pena alternativa y en el período de libertad a prueba, la pena ordinaria impuesta en la sentencia condenatoria conserva su vigencia, y únicamente puede declararse extinguida cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones legales que sirvieron de base para su imposición.

 

De esta manera, el acceso al beneficio de la pena alternativa se encuentra sujeto al cumplimiento estricto de los cometidos de verdad, justicia y reparación de las víctimas, cuya verificación es sucesiva durante todo el procedimiento de investigación y juzgamiento, por lo cual se descarta que la ley propicie la impunidad.

 

 

Vertidas las anteriores consideraciones generales, la intervención del Ministerio del Interior y de Justicia empieza a referirse