DERECHO DISCIPLINARIO-Finalidad

 

 

DERECHO DISCIPLINARIO-Integración

 

 

DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Relación

 

DERECHO DISCIPLINARIO Y DERECHO PENAL-Distinción

 

PRINCIPIO DE APLICACION DE LA LEY EN EL TIEMPO-Objeto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIMEN DISCIPLINARIO PARA PARTICULAR EN EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS-Alcance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN PROCESO DISCIPLINARIO Y PROCESO PENAL-Vigencia y separación

 

PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Sistema de competencias separadas por actuación independiente o coordinada

 

FALTA DISCIPLINARIA-Sanción accesoria de devolución, restitución o reparación del bien afectado cuando no se ha cumplido en proceso penal

 

PROCESO DISCIPLINARIO Y PROCESO PENAL-Competencia privilegiada del juez penal en sanción accesoria

 

FALTA DISCIPLINARIA-Condicionamiento imposición de sanción accesoria a ausencia en asunto penal

 

AUTORIDAD DISCIPLINARIA Y JUEZ PENAL-Colaboración armónica en corrección del daño causado por la falta

 

AUTORIDAD DISCIPLINARIA-Sanción accesoria de devolución, restitución o reparación del bien afectado cuando no se ha cumplido en asunto penal

 

FALTA DISCIPLINARIA-Sanción accesoria de reparación no es indemnizatoria

 

FALTA DISCIPLINARIA-Sanción accesoria de exclusión de carrera

 

NORMA DISCIPLINARIA-Carácter especial

 

FALTA DISCIPLINARIA-Modulación de gravedad de faltas y de sanciones principales y accesorias por operador jurídico

 

 

FALTA DISCIPLINARIA-Ausencia de norma que defina sanción principal a la cual se agrega sanción accesoria

 

FALTA DISCIPLINARIA-Duración de sanción accesoria de exclusión de carrera

 

FALTA DISCIPLINARIA-Proporcionalidad de medida de exclusión de la carrera

 

SANCION DISCIPLINARIA-Criterio de proporcionalidad derivado del grado de culpabilidad del sujeto

 

FALTA DISCIPLINARIA-Procedimiento de graduación de la pena según gravedad de la conducta

 

FALTA DISCIPLINARIA-Ausencia de norma específica que contemple sanción principal/FALTA DISCIPLINARIA-Proporcionalidad en imposición de sanción principal ante ausencia de norma expresa en sanción accesoria

 

FALTA DISCIPLINARIA-Discrecionalidad en imposición de sanción accesoria

 

SANCION DISCIPLINARIA-Exclusión de carrera por falta gravísima

 

FALTA DISCIPLINARIA-Desvinculación del cargo por Procurador General e imposición de sanción accesoria

 

INCOMPATIBILIDADES DEL GOBERNADOR-Término de duración

 

INCOMPATIBILIDADES DEL DIPUTADO-Término de duración

 

INCOMPATIBILIDADES DEL CONCEJAL-Término de duración

 

INCOMPATIBILIDADES DEL ALCALDE-Término de duración

 

INCOMPATIBILIDADES DE MIEMBROS DE JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL-Término de duración

 

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DISCIPLINARIA DEROGADA-Procesos en curso/NORMA DISCIPLINARIA DEROGADA-Aplicación de la favorabilidad

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES-Sujeción a la Constitución

 

INCOMPATIBILIDADES DEL SERVIDOR PUBLICO-Finalidad

 

INCOMPATIBILIDADES DEL DIPUTADO-Apoderados o gestores ante entidades o autoridades administrativas o jurisdiccionales

 

INCOMPATIBILIDADES DEL DIPUTADO-Aplicación desde el momento de la elección

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN INCOMPATIBILIDADES-Término de duración

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Ejercicio del poder disciplinario preferente

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Delegación de poder disciplinario

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POTESTAD DISCIPLINARIA-Definición de competencias y diseño de procedimientos sujetos a la Constitución

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN ORGANO DE CONTROL-Determinación de estructura y distribución de competencias

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Competencia exclusiva sobre incremento patrimonial no justificado

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Competencia exclusiva sobre incremento patrimonial no justificado cuando cuantía exceda mil salarios mínimos mensuales

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Desvinculación del cargo por derivar evidente e indebido provecho patrimonial en ejercicio del cargo o funciones

 

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Competencia preferente para sancionar todos los incrementos patrimoniales no justificados

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y SALA DISCIPLINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-Distribución de competencias para investigar y sancionar a funcionarios de la Rama Judicial

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION Y JUEZ DE LA REPUBLICA-Distinción en actuación y competencia

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Función disciplinaria es una sola

 

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION-Improcedencia de nulidad sobre actuaciones surtidas por funcionario distinto al que debe fallar

 

ETAPA DE INSTRUCCION EN FALTA DISCIPLINARIA-No determina resultado de diligencias ni afecta garantías del debido proceso

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Solo incompetencia para fallar genera nulidad

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Causales de nulidad/PROCESO DISCIPLINARIO-Incompetencia para investigar no es determinante para validez de actuaciones

 

NULIDAD PROCESAL DISCIPLINARIA-Excepciones a incompetencia del funcionario para fallar

 

COSA JUZGADA RELATIVA-Aplicación

 

DEBIDO PROCESO-Decisión pronta y oportuna

 

DEBIDO PROCESO Y DERECHO DE DEFENSA-Cumplimiento de términos procesales

 

TERMINO PROCESAL-Incumplimiento/DEBIDO PROCESO-Señalamiento de etapas claras y precisas

 

DEBIDO PROCESO-Consagración de etapas delimitadas por términos procesales y cumplimiento

 

DEBIDO PROCESO EN TERMINO PROCESAL-Implicaciones/DEBIDO PROCESO-Impone al legislador establecimiento de términos procesales

 

 

TERMINO PROCESAL-Prerrogativa real de acción/TERMINO PROCESAL-Etapas del procedimiento razonablemente diseñadas

 

DEBIDO PROCESO-Términos procesales desproporcionados

 

TERMINO PROCESAL-Fijación dentro del procedimiento/TERMINO PROCESAL-Impone al legislador fijación de duración de cada etapa del procedimiento

 

DEBIDO PROCESO PUBLICO SIN DILACIONES INJUSTIFICADAS-Indeterminación de términos para adelantar actuaciones procesales

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TERMINO PROCESAL-Establecimiento y límites/TERMINO PROCESAL-Fijación adecuada

 

ETAPAS DE PROCEDIMIENTO-Necesidad de encontrarse claramente parceladas

 

TERMINO PROCESAL-Omisión en señalamiento en procedimiento específico por ley o reglamento

 

PRINCIPIO PROCESAL DE PRECLUSION O EVENTUALIDAD-Definición

 

LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN TERMINO PROCESAL-Precisión para desarrollo de cada etapa del procedimiento

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Resolución oportuna

 

INVESTIGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO-Archivo definitivo

 

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Prolongación indefinida más allá del término establecido

 

INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO-Razonabilidad del término

 

INDAGACION PRELIMINAR EN PROCESO DISCIPLINARIO-Extensión indefinida vulnera el debido proceso/INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Extensión indefinida vulnera el debido proceso

 

INVESTIGACION DISCIPLINARIA-Archivo definitivo

 

ETAPA DE INSTRUCCION EN PROCESO DISCIPLINARIO-Decisión de archivo o formulación de cargo

 

DEBIDO PROCESO DISCIPLINARIO-Inconstitucionalidad de archivo provisional de diligencias

 

DERECHO DE DEFENSA-Presentación de pruebas y controversia de las allegadas en contra

 

DERECHO DE DEFENSA EN PROCESO DISCIPLINARIO-Presentación de pruebas y controversia de las allegadas en contra

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Solicitud y controversia de pruebas

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Decreto y práctica de pruebas de oficio en segunda instancia

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Restricción de solicitud de pruebas en segunda instancia

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Práctica de pruebas en segunda instancia por excepción

 

PROCESO DISCIPLINARIO-Controversia de pruebas decretadas de oficio

 

 

Referencia: expediente D-3676

 

Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 9° (total), 20, 25, 27, 29, 30, 44 (parciales), 65 (total), 116, 131, 146, 151 y 157 (parciales) de la Ley 200 de 1995.

 

Actor: Carlos Mario Isaza Serrano

Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA

 

 

Bogotá, D.C., doce (12) de marzo de dos mil dos (2002).

 

 

 

 

En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política, el ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano demandó  la inexequibilidad de los artículos 9° (total), 20, 25, 27, 29, 30, 44 (parciales), 65 (total), 116, 131, 146, 151 y 157 (parciales) de la Ley 200 de 1995.

 

Mediante Auto del 21 de agosto de 2001, el Despacho del suscrito magistrado sustanciador decidió rechazar la demanda presentada contra el literal b) del artículo 116 de la Ley 200 de 1995.

 

El rechazo fue recurrido por el demandante pero la Sala Plena de la Corte Constitucional, en decisión del 10 de octubre de 2001, decidió confirmar la providencia.

 

Cumplidos además los trámites procesales y legales propios del proceso de constitucionalidad, la Corte Constitucional, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede a decidir acerca de la demanda de referencia.

 

 

 

Para efectos del análisis de la presente demanda, y en vista de que los cargos formulados contra las disposiciones pertinentes son distintos entre sí, esta Corte procederá a estudiar los artículos acusados de la Ley 200 de 1995, uno por uno. Los textos impugnados serán relacionados junto con el cargo o cargos correspondientes, luego de lo cual se incluyen las intervenciones y el concepto del Procurador. Inmediatamente después, la Corte hará las consideraciones que estime necesaria para sustentar el fallo correspondiente.

 

 

 

 

La Corte Constitucional es competente para resolver definitivamente sobre la constitucionalidad de las normas acusadas de la Ley 200 de 1995, por virtud de lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política.

 

 

En vista de que el tema sobre el cual recae la demanda de la referencia – la potestad disciplinaria del Estado- ha sido profusamente tratado por la Corte Constitucional, esta Corporación ha decidido abstenerse de incluir –como introducción de la Sentencia- un análisis detallado sobre las líneas que caracterizan ese ámbito de aplicación del derecho sancionatorio del Estado, para remitirse, en cambio, a los aspectos generales formulados en sus decisiones anteriores.

 

Así, en primer lugar, la Corte Constitucional ha establecido que el derecho disciplinario es una rama esencial al funcionamiento del Estado "enderezado a regular el comportamiento disciplinario de su personal, fijando los deberes y obligaciones de quienes lo integran, las faltas, las sanciones correspondientes y los procedimientos para aplicarlas".

 

En dicho fallo, la Corte agregó que el derecho disciplinario está "integrado por todas aquellas normas mediante las cuales se exige a los servidores públicos un determinado comportamiento en el ejercicio de sus funciones, independientemente de cuál sea el órgano o la rama a la que pertenezcan" y agregó que:

 

"Ello hace parte de las condiciones mínimas inherentes a la actividad oficial, que resultan imprescindibles para la eficiente atención de los asuntos a cargo del Estado, motivo por el cual su mantenimiento, merced a un ordenamiento jurídico especial de reglas y sanciones, no solamente constituye derecho sino que es ante todo deber del Estado.

 

"El derecho disciplinario es, pues, consustancial a la organización política y tiene lugar preferente dentro del conjunto de las instituciones jurídicas." (Sentencia C-417 de 1993)

 

 

"El derecho disciplinario que respalda este poder está compuesto por un conjunto de normas y principios jurídicos que permiten imponer sanciones a los servidores públicos cuando éstos violan sus deberes, obligaciones o incurren en vulneración de las prohibiciones e incompatibilidades que para ellos ha establecido la ley.

 

"Este tipo de responsabilidad  ha dado lugar a la formación de una rama del derecho administrativo llamada "derecho administrativo disciplinario". Un amplio sector de la doctrina, si bien admite la diferenciación entre la responsabilidad civil, penal y disciplinaria, encuentra que la sanción disciplinaria debe sujetarse a los principios y garantías propias del derecho penal. Según esta interpretación, el derecho disciplinario es una modalidad del derecho penal, y en su aplicación debe observarse las mismas garantías y  los mismos principios que informan el derecho penal. La naturaleza esencialmente sancionatoria de ambos derechos hace que las garantías del derecho más general (el penal) sean aplicables también a ese otro derecho, más especializado pero igualmente sancionatorio, que es el derecho disciplinario. Tanto el derecho penal como el administrativo disciplinario emplean las penas como el principal mecanismo de coacción represiva. Todos los principios y garantías propias del derecho penal se predican también del disciplinario. Esta situación ha llevado a considerar que el término   derecho   penal   es   impropio (pues existen, como se ve, varios derechos penales)  y empieza a hacer carrera la revitalización del término "derecho criminal" para referirse al derecho de los delitos propiamente dichos." (Sentencia T-438 de 1992)

 

Así mismo, reconociendo que entre el derecho disciplinario y el penal existen también importantes diferencias, derivadas fundamentalmente de los intereses que pretende proteger cada disciplina, la Corte sentó la siguiente jurisprudencia que ha sido posteriormente reiterada por el mismo tribunal.

 

"Así las cosas, cuando se adelanta un proceso disciplinario y uno penal contra una misma persona, por unos mismos hechos, no se puede afirmar válidamente que exista identidad de objeto ni identidad de causa, pues la finalidad de cada uno de tales procesos es distinta, los bienes jurídicamente tutelados también son diferentes, al igual que el interés jurídico que se protege. En efecto, en cada uno de esos procesos se evalúa la conducta del implicado frente a unas normas de contenido y alcance propios. En el proceso disciplinario contra servidores estatales se juzga el comportamiento de éstos frente a normas administrativas de carácter ético destinadas a proteger la eficiencia, eficacia y moralidad de la administración pública; en el proceso penal las normas buscan preservar bienes sociales más amplios.  

 

"Si bien es cierto que entre la acción penal y la disciplinaria existen ciertas similitudes puesto que las dos emanan de la potestad punitiva del Estado, se originan en la violación de normas que consagran conductas ilegales, buscan determinar la responsabilidad del imputado y demostrada ésta imponer la sanción respectiva, siguiendo los procedimientos previamente establecidos por el legislador, no es menos cierto que ellas no se identifican, ya que la acción disciplinaria se produce dentro de la relación de subordinación que existe entre el funcionario y la Administración en el ámbito de la función pública y se origina en el incumplimiento de un deber o de una prohibición, la omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, la violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, etc., y su finalidad es la de garantizar el buen funcionamiento, moralidad y prestigio del organismo público respectivo. Dichas sanciones son impuestas por la autoridad administrativa competente o por la Procuraduría General de la Nación, ente que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta oficial de los servidores estatales." (Sentencia C-244 de 1996)

 

 

Se procede entonces a realizar el estudio de la primera de las disposiciones demandadas, no sin antes advertir que el Congreso de la República, mediante Ley 734 de 2002, expidió el nuevo Código Disciplinario Único que debe entrar a regir a partir del 5 de mayo, según lo dispone el artículo 224 de dicho estatuto.

 

 

 

 

 

 

Según el demandante el artículo 9º es inconstitucional porque el predicado de la aplicación inmediata de la ley no puede hacerse extensivo a la ley disciplinaria, en la medida en que, atendiendo a los principios de favorabilidad y ultractividad, la ley aplicable a la comisión de una falta es la que se encuentra vigente al momento de realización de la conducta.

 

Al sentir del demandante, la norma acusada quebranta el artículo 29 de la Constitución porque el principio de que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes se aplica tanto para normas sustantivas como adjetivas.

 

 

En representación del Ministerio del Interior, el ciudadano Carlos Alberto López Lasprilla intervino en el proceso para solicitar la declaración de exequibilidad del artículo 9º acusado, por cuanto los argumentos del demandante no alcanzan a justificar la violación del artículo 29 constitucional. Para el interviniente, la norma se encuentra en armonía con el debido proceso porque prohíbe el juzgamiento con fundamento en leyes posteriores al acto.

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, representado por el ciudadano Antonio Medina Romero, intervino en la discusión sobre la constitucionalidad de algunos de los artículos demandados. En relación con el artículo 9º de la Ley 200, el interviniente asegura que la norma es constitucional porque los aspectos procedimentales del proceso disciplinario pueden ser regulados por el legislador y pueden entrar a regir de manera inmediata, siempre y cuando se respete el principio de favorabilidad del indagado y se garantice su debido proceso.

 

Finalmente, el Ministerio de Justicia y del Derecho, representado por el ciudadano José Camilo Guzmán Santos, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 9º.

 

El Ministerio señala que según el artículo 176 del Código Único Disciplinario, los procesos que estuvieran en curso al momento de entrar a regir el nuevo estatuto y en los que no se hubiese realizado la notificación, seguirían rigiéndose por las normas anteriores. En este sentido, se realza que la norma de aplicación inmediata es la norma procesal, debido a su carácter de orden público, mas no la sustancial; todo ello dentro del marco de aplicación del principio de favorabilidad.

 

 

 

De acuerdo con la Procuraduría, corresponde al Congreso determinar el momento en que entrarán a regir las leyes de la República. En ejercicio de dicha función, el legislador determinó que las normas relativas al procedimiento disciplinario entran a regir a partir de su promulgación, medida que en nada quebranta el principio constitucional según el cual nadie puede ser juzgado sino conforme con leyes preexistentes al momento del hecho que se le imputa. La vigencia inmediata de la ley en el tiempo se circunscribe a la ley procesal, aunque sólo por excepción, cuando se trata de aplicar el principio de favorabilidad, las leyes sustanciales también sean susceptibles del mismo tratamiento.

 

 

En el caso de la referencia, la demanda sostiene que es inconstitucional que una norma legal de contenido disciplinario entre a regir de manera inmediata porque ello atenta contra el cometido del artículo 29 de la Constitución, que no hace diferencia entre normas sustantivas o procesales. Para el demandante, la ley aplicable debe ser siempre la que se encuentra vigente al momento de la comisión de la conducta disciplinariamente reprochable, por lo que, al disponer lo contrario, la preceptiva acusada resulta en pugna con la carta.

 

Las intervenciones ciudadanas y el concepto del procurador coinciden en afirmar que la norma acusada no se refiere a los aspectos sustanciales de la aplicación de la ley disciplinaria sino a su contenido procesal y que, por tal virtud, siguiendo la máxima jurídica según la cual las normas procesales son de aplicación inmediata, aquella no ofrece reparo alguno de inconstitucionalidad.

 

En estas condiciones, a la Corte le corresponde determinar si al disponer la aplicación inmediata de las normas procesales en materia disciplinaria, la norma acusada quebranta el contenido del artículo 29 de la Constitución Política en cuanto afirma que "nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A propósito de la aplicación de la ley en el tiempo, los artículos 9 y 176 de la Ley 200 de 1995 disponen lo siguiente:

 

'Artículo 9. Aplicación inmediata de la Ley.  La ley que fije la jurisdicción y competencia o determine lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso, se aplicará desde el momento en que entre a regir, salvo lo que la misma ley determine'.

 

'Artículo 176.- Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia la presente Ley se encuentren con oficio de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento anterior'.

 

"Téngase en cuenta que, como lo establece la primera norma transcrita, el principio general consiste en la aplicación inmediata de la Ley 200 tanto en los aspectos de fondo como de forma. Y, en cuanto atañe al tránsito de regímenes, el artículo 176 consagra la excepción a esa regla respecto del "procedimiento".

 

"Ahora bien, ambas normas deben ser interpretadas de tal forma que no desconozcan el principio de favorabilidad que en materia disciplinaria tiene plena aplicación, pues como lo establece el artículo 15 del mismo estatuto, "la ley favorable o permisiva se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable", lo que representa desarrollo y aplicación del mandato consagrado en el artículo 29 de la Carta Política.

 

"La anterior afirmación se encuentra reforzada por lo establecido en el artículo 18 de la mencionada ley, el cual hace alusión a la prevalencia en la interpretación y aplicación del régimen disciplinario, de los principios rectores consagrados en ese Código, en la Constitución Política y en los códigos Penal y de Procedimiento Penal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio del Interior considera que en la medida en que los particulares pueden desplegar actuaciones públicas tendentes a la administración de recursos del Estado, pueden ser sujetos del régimen disciplinario consignado en la Ley 200 de 1995. Ello con fundamento en lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-286 de 1996.

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública estima que sobre la constitucionalidad de esta norma la Corte debe estarse a lo resuelto en la Sentencia C-280 de 1996.

 

El Ministerio de Justicia y del Derecho sostiene, con fundamento en las Sentencias C-280 y 286 de 1996 de la Corte Constitucional, que desde el momento en que el particular se vincula a la administración para colaborar con la gestión de sus intereses, se hace sujeto pasivo de las normas disciplinarias del Estado. En esa medida, no es inconstitucional la norma que dispone las sanciones pertinentes por motivo del incumplimiento de sus deberes para con los intereses públicos.

 

 

A juicio de la Procuraduría, en la medida en que los particulares han sido autorizados por la Constitución para participar en la vida política del Estado, sea desempeñando cargos públicos o ejerciendo funciones públicas conservando su calidad de particulares, es posible que la ley les exija responsabilidades similares a las que se exigen a los servidores públicos. En ese orden de ideas, el ejercicio de la potestad disciplinaria también puede cobijarlos, visto que su actividad en el manejo de los asuntos públicos no puede quedar desprovista de control. De allí que la norma acusada se ajuste a la Constitución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pues bien, el artículo 338 de la Carta Política prescribe:

 

 

 

 

Ahora bien, aunque el término genérico utilizado por el artículo 20 de la Ley 200 es el de "personas", el demandante sólo hace referencia a las personas privadas como administradoras de tales recursos.

 

En este sentido, la discusión acerca de la susceptibilidad disciplinaria tendría que enfocarse hacia el terreno de las personas privadas como administradores de los recursos tributarios del Estado y no al de los servidores públicos que realicen la misma función, ya que a éstos se les aplican por excelencia las normas del Código Disciplinario Único.

 

 

 

En un comienzo, habría que decir que el artículo 95 de la Constitución Política establece como uno de los deberes esenciales del ciudadano, "5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país".

 

Adicionalmente, el artículo 210 de la Carta señala que "…los particulares pueden cumplir funciones administrativas en las condiciones que señale la ley"; lo cual, por supuesto, es consecuencia lógica del deber que tiene todo ciudadano de participar en la vida comunitaria de la Nación.

 

Por otro lado, el artículo 123 del Estatuto Superior dispone que la ley tiene la potestad de regular el ejercicio temporal de funciones públicas por parte de los particulares, para lo cual determinará el régimen aplicable a éstos.

El estatuto superior consagra, en los términos anteriores, la posibilidad de que los particulares participen en la vida comunitaria del país a través del ejercicio de funciones públicas. Este régimen de cooperación se encuentra acorde con una política democrática de gran amplitud - reforzada por la Constitución de 1991- que busca acercar e involucrar a la comunidad en el desempeño de las funciones del Estado.

 

Ahora bien, la circunstancia de que se asigne a los particulares el ejercicio de funciones públicas no modifica su Estatus de particulares ni los convierte –por ese hecho- en servidores públicos. El inciso primero del artículo 123 de la Constitución es claro al reservar tal denominación para "los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios."

 

No obstante dicha salvedad, el ejercicio de funciones públicas por parte de particulares conlleva un lógico incremento en el nivel de responsabilidades del sujeto a cargo de la prestación que deriva en una intensificación de los compromisos adquiridos para con el Estado. Las obligaciones que el particular asume por razón del ejercicio de una función pública son de tal relevancia que su responsabilidad se extiende más allá de los límites impuestos a los que no prestan servicio alguno. Así, mientras los particulares que no se encuentran vinculados al Estado mediante una relación de servicio público regulan su responsabilidad de acuerdo con la primera parte del artículo 6º de la Constitución Política, es decir que no son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución y la Ley, los que sí lo están se hacen responsables por "omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones".

 

La precisión de que, por ejercer funciones públicas, los particulares no modifican su condición subjetiva ni se convierten en servidores públicos, aunada al incremento de la responsabilidad que por dicho privilegio se cierne sobre aquellos, fue materia de debate en el proceso que culminó con la Sentencia  C-286 de 1996, que, en su parte pertinente, se cita:

 

"Cambia así sustancialmente la lectura del artículo 6º de la Constitución Política, que ya no admite una interpretación literal sino sistemática: a la luz del conjunto de principios y preceptos constitucionales, el particular que se halla en cualquiera de las situaciones en las que el orden jurídico lo faculta para cumplir papeles que en principio corresponderían a organismos y funcionarios estatales, no puede ser mirado de modo absoluto bajo la óptica de una responsabilidad igual a la de los demás particulares, circunscrita apenas a su condición privada, ya que por razón de la tarea que efectivamente desarrolla, en la medida de ésta y en cuanto toca con el interés colectivo, es públicamente responsable por su actividad, sin que llegue por eso a convertirse - se repite- en servidor del Estado desde el punto de vista subjetivo."(Sentencia C-286 de 1996, subrayas fuera del original)

 

Sobre el mismo aspecto la Corte destacó con posterioridad:

 

"Cuando se asigna al particular el cumplimiento de una función pública, éste adquiere la condición de un sujeto cualificado, en la medida en que se amplifica su capacidad jurídica, sin que por ello deje de ser un particular.

 

"(…)

 

"En consecuencia, cuando el particular es titular de funciones públicas, correlativamente asume las consiguientes responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso disciplinarios, según lo disponga el legislador." (Sentencia C-563 de 1998)

 

De acuerdo con dichas apreciaciones, esta Corte ha sostenido que la responsabilidad derivada de la actividad pública a cargo del particular no se desprende de su calidad personal sino de la naturaleza de la prestación. De allí que se hable de un criterio material de vinculación del ciudadano con la administración, por oposición al criterio subjetivo que lía al servidor público con el aparato estataCfr. C-286 de 1996.

 

Vistas así las cosas, la jurisprudencia constitucional reconoce que es legítimo, por acogerse a los principios generales de la Carta, someter al régimen disciplinario de los servidores públicos a los particulares en ejercicio de funciones públicas. La falta de vinculación del particular con el Estado, que se traduce en falta de subordinación jurídica, se ve superada por la naturaleza del encargo asignado, de modo que las previsiones contenidas en la ley disciplinaria le son aplicables a aquél, en lo que le resulte pertinente.

 

Sobre este particular la Corte ya tuvo oportunidad de definir su criterio, a propósito de  una demanda interpuesta precisamente contra el artículo 20, que ahora se estudia. En aquella ocasión, la Corporación estudió la exequibilidad de la expresión "permanente" consignada en el mencionado artículo 20, la cual está referida al tipo de funciones públicas que pueden ser ejercidas por particulares y que, por esa circunstancia, los somete a la potestad que emana del Código Disciplinario Único. La Sentencia que resolvió la demanda, la C-286 de 1996, sostuvo que no resultaba incompatible con el régimen constitucional que los particulares asignados en el cumplimiento de funciones originalmente encargadas a entes Estatales, respondieran disciplinariamente a la manera de los servidores públicos. La Corte advirtió que la norma acusada se limitaba a reconocer un hecho cierto y era el que los particulares podían prestar servicios públicos de manera permanente y que, en tales condiciones, podían estar sometidos al régimen disciplinario de los servidores públicos. Las consideraciones pertinentes son las que siguen:

 

"Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2, 116, 123, 131, 221 (1º del Acto Legislativo No. 2 de 1995), 246, 267, 277-9, 318, 340 (Cfr. Sala Plena. Sentencia C-015 del 23 de enero de 1996) y 365 de la Constitución, que autorizan el ejercicio de funciones públicas por personas particulares, en ciertas situaciones y previos determinados requisitos  que la propia Carta o las leyes establecen, o que les permiten participar en actividades de gestión de esa misma índole.

 

"Desde luego, tal ejercicio de funciones públicas no puede estar despojado de los necesarios controles ni hallarse exento de las responsabilidades que en sí mismo implica.

 

"En los señalados eventos, el fundamento de la responsabilidad del particular es material y la aplicación del régimen disciplinario objetiva, ya que ni una ni otra atienden al estado o condición de quien actúa sino a la función pública que le ha sido encomendada y al interés, también público, que a ella es inherente." (Sentencia C-286 de 1996. Subrayas en el original)

 

Valga decir que la posición anterior es diferente –por lo que no la contradice- a la sostenida por la Corte en su Sentencia C-563 de 1998, y que hace referencia al no sometimiento de los contratistas particulares a la Ley disciplinaria. Según la Corporación, los particulares vinculados al Estado mediante contrato comercial no prestan propiamente un servicio público y, por tanto, no se encuentran sometidos al imperio del régimen de los servidores públicos que imparte el Código Disciplinario Único.

 

Con todo, la Corte también ha precisado que los alcances del sometimiento de los particulares a la Ley disciplinaria no es total y que tan solo se limita a los asuntos directamente relacionados con la prestación del servicio público. En efecto, previo reconocimiento de los límites que imponen el principio de legalidad y el debido proceso, la Corte Constitucional ha aclarado que la sumisión de los particulares que ejercen funciones públicas al régimen disciplinario de los servidores del estatales no constituye una autorización general para que el Estado inspecciones la actividad de aquellos en asuntos ajenos al ejercicio de este específico servicio. Respecto de esta necesidad la Corte dijo en la citada Sentencia C-286 de 1996:

 

"Con arreglo al principio de legalidad, que surge claramente para los particulares del artículo 6º de la Constitución, y según el postulado del debido proceso, cuya vigencia estricta en los procesos disciplinarios ha proclamado la doctrina constitucional, la incorporación de los particulares que ejercen funciones públicas como sujetos pasibles del poder disciplinario no representa ni podría representar, so pena de flagrante oposición a los mandatos superiores, una norma abierta que de modo automático exponga a quien se halla en tal hipótesis al escrutinio arbitrario de su actividad por parte de los organismos que ejercen el poder disciplinario y a la expectativa de posibles procesos y sanciones ajenos a reglas legales predeterminadas o al derecho de defensa.

 

"Lo que se declara exequible en esta ocasión es únicamente la expresión demandada y su implicación fundamental, cual es la de que los particulares que ejercen funciones públicas de modo permanente están sujetos al régimen disciplinario que la ley disponga.".(Sentencia C-286 de 1996)

 

En la misma línea argumentativa, la Corte subrayó la imposibilidad de trasladar en bloque el régimen disciplinario de los servidores públicos a los particulares en ejercicio de funciones públicas, pues es necesario, acorde con un principio de razonabilidad esgrimido por la Corporación, que la Ley determine en cada caso concreto, bajo qué condiciones, cuáles de las disposiciones del régimen general les son aplicables a los particulares que prestan un servicio público.

 

Así se refirió la Corporación a este aspecto cuando manifestó que:

 

"Corresponde, entonces, al legislador establecer ese régimen, consagrar las faltas que pueden imputarse a las personas en dicha situación, estatuir las reglas procesales aplicables y las pertinentes sanciones, sin que pueda entenderse que se les traslada en bloque el régimen consagrado para los servidores públicos.

 

"La constitucionalidad de las correspondientes disposiciones habrá de verificarse en su momento, por lo cual no resulta ni se desprende de la que ahora se declara." (Sentencia C-286 de 1996)

 

 

 

El aparte acusado dice que están sujetos a la Ley 200 de 1995 las personas que administran los recursos a que se refiere el artículo 338 de la Constitución que, como se vio, son los recursos fiscales y parafiscales del Estado.

 

 

 

 

 

"Esa  administración  de recursos parafiscales se realiza con fundamento en un contrato especial que celebra el Gobierno con la entidad o sociedad fiduciaria que escoja, el cual necesariamente tiene un componente oneroso. Ahora, dada la naturaleza excepcional de las contribuciones parafiscales, cuando el Congreso de la República, como en este caso, crea una renta de carácter parafiscal debe señalar su régimen, lo que implica que regule la administración, el recaudo e inversión de sus ingresos, por lo que es perfectamente válido, como ya lo ha dicho la Corte que el legislador al expedir la ley que las establece determine con todo detalle las condiciones, modalidades y peculiaridades de esa administración de recursos públicos por parte de los particulares y, en ese orden de ideas, la regla general por parte del órgano legislativo al establecer contribuciones de carácter parafiscal ha sido la de determinar la persona privada encargada de la administración de sus recursos. Como lo ha dicho la Corte, en esta clase de contratos siempre interviene el órgano legislativo en su proceso de celebración, mediante la expedición de leyes que en forma previa autorizan al ejecutivo para acordar y perfeccionar dichos contratos." (Sentencia C-651 de 2001)

 

Así también, en ejercicio de ciertas actividades que implican función pública, las Cámaras de Comercio administran y manejan fondos que pertenecen a la Nación y de cuyo manejo deben rendir cuentas ante las autoridades de control fiscal establecidas por la Constitución, tal como lo analizó ampliamente la Corte en la Sentencia C-167 de 1995.

 

De allí que la simple consagración legal de que estas actividades, por la naturaleza que las caracteriza y la responsabilidad que las acompaña, están sometidas a un régimen especial de control, no constituya quebranto de los principios constitucionales que buscan preservar tanto la permanencia del principio de legalidad como la primacía del interés general.

 

Desde el punto de vista constitucional es factible que la ley someta a responsabilidad disciplinaria, por el manejo de recursos del Estado, a los particulares encargados de dicha función, pues la administración de  los recursos públicos es, por sí misma, función pública.

 

El reconocimiento de esta sumisión, efectuado por la disposición atacada, antes que contravenir los principios constitucionales, los asegura y promueve. Por esa razón, la expresión acusada será declarada exequible.