(julio 29)

Diario Oficial No. 43.651, de 30 de julio de 1999

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo para los años de 1999-2002.

ARTICULO 1o. OBJETIVOS DEL PLAN. El objetivo fundamental del Plan Nacional de Desarrollo es la búsqueda y conservación de la paz, con el fin de ubicar al país en una senda de crecimiento sostenible con cohesión social. Con este objetivo se busca:

- Promover la generación de riqueza, reducir significativamente las tasas de desempleo, disminuir la pobreza y proteger un adecuado aprovechamiento del medio ambiente.

- Ofrecer incentivos para la promoción social y económica de la población, en igualdad de condiciones para la expansión de las oportunidades sociales, particularmente para la población que se encuentra en condiciones de especial vulnerabilidad, por sus características socioeconómicas, culturales, étnicas, territoriales, religiosas o de género.

- Contribuir a la generación de una cultura de paz, que nos haga aptos para el ejercicio cotidiano de la convivencia en solidaridad, tolerancia y respeto de los derechos humanos como base para la reconciliación nacional.

- Mejorar la eficiencia y la equidad en la asignación de los recursos públicos, teniendo en cuenta criterios de ingreso y de redistribución regional y de género.

El Plan Nacional de Desarrollo propone movilizar a la sociedad en su conjunto de acuerdo con sus capacidades económicas para lograr que en este cuatrienio ni un solo niño o niña deje de asistir hasta el noveno grado escolar, que se cumpla con la afiliación obligatoria y se cotice por el valor real de los ingresos, al Sistema General de Seguridad Social en Salud; para que los afiliados al régimen subsidiado en salud sean verdaderamente los más desvalidos; que no se tolere la violencia intrafamiliar y se tengan mejores relaciones familiares; que las niñas y niños estén más protegidos y mejor nutridos. Que se ofrezcan mejores condiciones a los discapacitados.

Con el fin de reconstruir el tejido social el Plan Nacional de Desarrollo se propone incidir de manera profunda sobre las oportunidades de acceso que los pobres y los segmentos de la población de bajos ingresos tienen a activos esenciales. Es por ello que en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, la política social del Estado es la forma como institucionalmente se logra que la acumulación individual de capital humano y la formación colectiva del capital social se articulen equilibradamente con la acumulación física, individual y colectiva para potenciar al máximo el desarrollo nacional y lograr un crecimiento económico sostenible con cohesión social.

Se trata de adoptar una política de Estado en materia de paz que trascienda los períodos gubernamentales, se ocupe de la población afectada por la violencia e incorpore estas acciones como parte de los procesos de gestión del desarrollo territorial, en el marco de la profundización de la descentralización.

La política de paz propone inversiones sectoriales orientadas a mejorar las condiciones que fortalecen la convivencia pacífica y a desestimular los factores que promueven la violencia en sectores tales como el agropecuario, infraestructura, justicia, medio ambiente, defensa y seguridad, las cuales serán complementadas con medidas especiales para combatir la corrupción.

Se pondrá en marcha un plan especial para la reconstrucción económica, social y ambiental en las zonas afectadas por el conflicto.

PARAGRAFO. Incorpórese como anexo a la presente ley el documento "Cambio para Construir la Paz", elaborado por la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, con las adiciones y modificaciones a que se refieren los parágrafos del artículo 1o. de la ponencia para el segundo debate y aquellas aprobadas en segundo debate.

 

ARTICULO 2o. PLAN DE RECONSTRUCCION DEL EJE CAFETERO. También como parte general del Plan de Desarrollo, se incluirán estrategias pertinentes para la reconstrucción y rehabilitación de la comunidad afectada por el terremoto del Eje Cafetero, buscando un desarrollo sostenible, promoviendo la recuperación de la calidad de vida de sus habitantes y la reinserción de la región a la economía nacional e internacional. Dichas estrategias se desarrollan más adelante a través del Plan de Inversiones y de los mecanismos de ejecución.

Proyección de recursos financieros

ARTICULO 3o. FUENTES DE FINANCIACION DEL PLAN DE INVERSIONES PUBLICAS. El Plan Nacional de Inversiones Públicas 1999-2002 tendrá un valor de sesenta y cinco billones quinientos sesenta mil millones de pesos ($65,56 billones), a pesos constantes de 1998, financiados de la siguiente manera:

Fuentes     Ingresos     Recursos    Endeuda-     Otros /2   Total

usos       corrientes    propios /1   miento                 usos

          Nación /3

Inversión

Gobierno

Central       0.76                      8.29        2.99      12.04

Sin incluir

Eje Cafetero                            8.29        2.92      11.21

Eje Cafetero 0.76                                   0.07       0.83

Inversión esta-

blecimientos

públicos                   9.47                                9.47

Inversión

sector

descentralizado            7.03         2.87        0.08       9.99

Transferencias

para inversión

social                    28.31                               28.31

Total fuentes 29.07       16.50        11.17        3.07      59.81

Fondo de inversión para la paz                                 5.75

TOTAL

PLAN DE INVERSIONES

1999 - 2002                                                 65.56/4

DNP-UIFP-DEFED

/1 Para los establecimientos públicos corresponde a recursos administrados por las entidades (RAPE).

/2 Son recursos provenientes de privatizaciones, manejo de portafolio, etc. En el sector descentralizado corresponde, además, a aportes de entidades. Incluye la capitalización al fondo de pensiones de Telecom.

/3 Incluye $1.008.712,6 millones de pesos de 1998 provenientes del 2 por mil para el Eje Cafetero y el efecto en las transferencias territoriales por situado fiscal (24.5%).

/4 No incluye las adiciones a los programas de vivienda y acueducto y alcantarillado.

Descripción de los principales programas de inversión

ARTICULO 4o. DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSION. La descripción de los principales programas y subprogramas que el Gobierno Nacional espera ejecutar en la vigencia del Plan Nacional de Inversiones 1999-2002 es la siguiente:

1. Estado viable y participativo

1.1 Profundización de la descentralización

El Gobierno Nacional adelantará, de manera concertada y participativa con las entidades territoriales, el sector privado y la sociedad civil, una política de profundización de la descentralización orientada por los principios de reconocimiento a la heterogeneidad, flexibilización, gradualidad, desarrollo armónico de las regiones, participación de la sociedad civil y consolidación de la autonomía regional y local.

1.1.1 Ordenamiento territorial en Colombia

Con este programa se propone impulsar un debate nacional y territorial, con el fin de identificar el tipo de ordenamiento que requiere el país, para proyectar el futuro económico, social y ambiental, con participación de la sociedad civil. En este sentido, se ha previsto que el Ministerio del Interior y el DNP, en coordinación con los otros ministerios, entidades territoriales y las comisiones de ordenamiento del Congreso de la República, entre otros, realicen las siguientes acciones:

i) Conformar la Comisión de Ordenamiento Territorial;

ii) Establecer principios y criterios con visión estratégica del país que orienten el debate;

iii) Redactar el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial de una manera participativa, y

iv) Formular una estrategia para poner en marcha el proceso de Ordenamiento Territorial.

1.1.2 Fortalecimiento de la gestión fiscal e institucional de las entidades territoriales

Aspecto fundamental para profundizar el proceso de descentralización y lograr sostenibilidad en el mediano y largo plazos es el fortalecimiento de las finanzas territoriales, para hacer de ellas entidades viables que aseguren con sus ingresos propios su funcionamiento y promuevan el desarrollo regional. Lo anterior obliga a realizar acciones vía fortalecimiento de ingresos y racionalización de gastos dentro de estrategias integrales de ajuste fiscal. Los subprogramas asociados a este programa son los siguientes:

1.1.2.1 Apoyo y asistencia técnica en el nivel territorial en materia tributaria y fiscal.

1.1.2.2 Apoyo financiero a aquellas entidades territoriales que se comprometan en la ejecución de medidas de ajuste fiscal y reestructuración institucional orientadas a garantizar su viabilidad financiera y mejorar su eficiencia administrativa.

1.1.3 Fortalecimiento de la participación de la sociedad civil en la gestión pública

El objetivo de este programa es promover la vinculación activa de la sociedad civil en la gestión pública, fortaleciendo el poder efectivo por parte de los ciudadanos para organizarse y participar en la toma de decisiones, compartiendo la responsabilidad con los entes privados en el desarrollo social, económico y ambiental.

1.2 Modernización del Estado

El Gobierno Nacional inducirá y pondrá en marcha un proceso unificado, coordinado y evaluable de modernización del Estado, que vaya más allá de los programas o proyectos puntuales, las reformas legislativas, los recortes presupuestales o los esfuerzos aislados.

Esta será una política de Estado, una actividad permanente de ajuste y rápida adaptación, que le permita al Estado cumplir cabalmente con sus fines.

En este orden de ideas, la modernización del Estado implicará no sólo la adopción de políticas, sino también y simultáneamente, la ejecución de planes y proyectos con resultados visibles y medibles a corto, mediano y largo plazo, bajo los siguientes criterios: redefinición del papel estatal; reducción de la duplicidad de funciones, programas y proyectos; racionalización del gasto público; desarrollo del proceso de descentralización; adecuada y eficiente prestación de servicios y cumplimiento de funciones.

Con el fin de modernizar la gestión fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios, la Contraloría General de la República reglamentará la materia con miras a eliminar prácticas de control previo y otro tipo de controles que entorpecen la gestión eficiente de las empresas de servicios públicos. Se buscará que la Contraloría Nacional tenga un control prevalente sobre otras Contralorías territoriales y se cuente con la misma información que tienen los accionistas privados conforme al Código de Comercio.

1.2.1 Estrategia contra la corrupción: Prioridad en la Consolidación de un Ambiente Pacífico (Principales Programas)

1.2.1.1 Disminución de la impunidad en relación con los comportamientos corruptos

A través de la instalación de la Comisión Nacional para la Moralización, creada por el artículo 67 de la Ley 190 de 1995, busca incrementar los costos morales asociados a las prácticas corruptas y promover el desarrollo de códigos de ética al interior de todas las entidades del sector público. Adicionalmente, se establecerán oficinas y buzones de recepción de quejas y reclamos, así como líneas telefónicas para la denuncia de delitos contra la administración pública. Como complemento, se realizarán acciones de sensibilización y educación de la población respecto a la corrupción.

El Gobierno Nacional regulará la forma y condiciones que regirán las operaciones entre entidades públicas y las entidades que intermedien en el mercado de valores, con el objeto de realizar el valor de la transparencia.

Sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales en materia de inhabilidades e incompatibilidades, para garantizar una correcta aplicación de los recursos públicos, el Gobierno expedirá normas sobre transparencia que permitan regular en forma integral los conflictos de interés en el sector público y en aquellas entidades que presten servicios públicos.

1.2.1.2 Fortalecimiento de los Sistemas de Información y Control de la Gestión Pública

Orientado a aumentar la probabilidad de descubrir efectivamente al funcionario corrupto, y al mismo tiempo desestimular este tipo de comportamientos, dicho fortalecimiento contempla acciones tales como el diseño de indicadores de percepción ciudadana sobre la calidad de los servicios y el desarrollo de un programa especial de formación para funcionarios del Estado, para que conozcan, interioricen y apliquen los mecanismos y procedimientos contemplados por el Decreto 2150 de 1995, la Ley 190 de 1995 y demás herramientas para la modernización institucional. Así mismo, se establecerán mecanismos técnicos para conocer los costos de la corrupción.

1.2.1.3 Pactos Anticorrupción en la Contratación Pública

Con el fin de convocar a la sociedad civil en la lucha contra la corrupción, se promoverá la adhesión al programa mundial de "Transparencia Internacional - Islas de Integridad", de manera que los proponentes en licitaciones públicas internacionales y nacionales se obliguen por medio de acuerdos anticorrupción con responsabilidades personales y económicas. Adicionalmente se buscará una mayor transparencia al hacer pública la información sobre los procesos de contratación, de manera que la comunidad pueda ejercer un verdadero control. También se establecerán convenios de comportamiento ético con los gremios económicos y los afiliados que contratan con el Estado.

1.2.1.4 Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública

El programa presidencial de lucha contra la corrupción, o quien haga sus veces, conformará en cada departamento, Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública, CGRI, como instancias responsables de promover el control efectivo de la ciudadanía sobre la gestión pública y sus resultados y de canalizar las iniciativas ciudadanas para prevenir y controlar los delitos contra la administración pública. Las solicitudes de estos Consejos tendrán el carácter de derecho de petición. Todo funcionario público que no atienda las solicitudes de los CGRI incurrirá en causal de mala conducta.

La composición y función de estos Consejos serán definidas por el Gobierno.

A petición de los Consejos Ciudadanos de Control de Gestión y de Resultados de la Inversión Pública, las entidades responsables de los proyectos de inversión promoverán pactos públicos por la transparencia y la eficiencia de la ejecución de la inversión. En estos pactos participarán las entidades públicas que los promueven, los contratistas y las organizaciones ciudadanas. Su objeto es establecer por consenso las reglas de juego que rigen la gestión de los programas y proyectos de inversión. Con tal objeto deben fijar las responsabilidades de los actores sociales e institucionales involucrados, sobre los aspectos técnicos, sociales, ambientales, financieros y administrativos requeridos para garantizar la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la inversión pública.

1.2.2 Modernización de la administración financiera del Estado

Se buscará modernizar, facilitar y agilizar la administración financiera pública; para ello es de especial importancia poder garantizar los recursos necesarios para la ejecución del Plan, a través de los siguientes mecanismos: flexibilizar las finanzas públicas, definir que los ingresos de carácter extraordinario no pueden soportar gastos permanentes por el riesgo de provocar graves desbalances en las finanzas públicas; permitir el cambio de las fuentes de financiación sujetándose a las autorizaciones del Congreso de la República; señalar las inversiones financieras que podrán realizar las entidades públicas; establecer un procedimiento ágil para reducir el presupuesto a causa de las reservas y cuentas por pagar; definir el alcance presupuestal de los contratos con organismos multilaterales; precisar las entidades sin ánimo de lucro que en virtud del artículo 355 de la Constitución Política pueden recibir recursos del Estado; determinar nuevos mecanismos para la participación en proyectos de infraestructura; señalar la forma de transferir los recursos que en virtud de la Ley 226 de 1995 les corresponden a las entidades territoriales y precisar algunos procedimientos para la privatización de la propiedad accionaria del Estado.

Se desarrollará el sistema financiero y contable sistematizado de todo el Estado. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público coordinará su implementación.

2. Educación

El Plan propone un gran compromiso social con la educación, la juventud y el deporte. Los esfuerzos del gobierno se concentrarán en cinco aspectos fundamentales de todo el sistema educativo nacional: el desarrollo humano, la cobertura, la eficiencia, la equidad y la calidad.

En cobertura, la prioridad es incrementar la matrícula de los niveles de educación preescolar y media y universalizar la educación básica. Para ello, se buscará la equidad entre municipios, favoreciendo a los más pobres; se crearán las condiciones para aumentar el control social y se adelantarán acciones de transformaciones estructurales en el sector.

Junto con el aumento de la cobertura, la mejora de la calidad de educación en el país se configura como objetivo prioritario del gobierno. El gobierno prestará una atención prioritaria, con objeto de mejorar la calidad de la educación, a los siguientes factores: la precisión de los lineamientos y estándares curriculares; la supremacía de los alumnos como centro del proceso educativo; la cualificación y formación de los docentes, el incremento de la participación de la comunidad educativa; la compensación de las desigualdades educativas; la innovación y la investigación educativa; la orientación educativa y profesional; la consolidación del Sistema de Evaluación de la Educación y el fortalecimiento de la institución escolar.

2.1 Programa de Educación Básica

2.1.1 Caminante

La política de ampliación de la cobertura está orientada por los principios de eficiencia y equidad. En este contexto, el programa Caminante tiene como meta la ampliación de cobertura en los niveles de preescolar y media, y la cobertura universal en la educación básica. Para el efecto se concertará un programa de racionalización que se llevará a cabo gradualmente, ajustado a las condiciones particulares de cada entidad territorial.

En las zonas rurales se fortalecerán programas de secundaria que ofrezcan un vínculo entre educación y producción a niños y jóvenes de los grados sexto a noveno.

También, como parte de este programa, se ofrecerán oportunidades educativas a las poblaciones con discapacidad o con talentos y capacidades excepcionales, a los jóvenes en extraedad y a los adultos rezagados del sistema, mediante formas alternativas de atención con calidad y equidad, reduciendo en un punto la tasa nacional de analfabetismo de la población de 15 años o más. Se apoyarán los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas que permitan el proceso de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas o emocionales.

2.1.2 La organización de la educación formal

Mediante este programa se pretende mejorar la organización de la educación formal. Promoverá la construcción de un sistema que articule autonomía y cohesión, mediante la activa participación de la comunidad educativa en los proyectos educativos institucionales y en los planes de estudio, en el marco del gobierno escolar, Consejo Directivo y Consejo Académico.

Además de las metas de ampliación de cobertura, se buscará que el sistema se constituya de tal manera que garantice la permanencia del estudiante desde el preescolar hasta la educación media.

Este proceso de mejora del sistema de educación -encaminado a que la escuela sea una organización que aprende y se adapta al entorno en que está inserta- se llevará a cabo con el fin de garantizar la promoción y desarrollo humano de todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia. En los casos en que la mejor manera de conseguir estos propósitos consista en la articulación de distintos planteles, esto se hará sólo con la integración de planteles estatales desde el preescolar hasta la media, bajo una sola administración y bajo un solo Consejo Directivo.

2.1.3 Educación es calidad

El plan se propone brindar educación de calidad a todos los colombianos en desarrollo de los fines de la educación contenidos en el artículo 5o. de la Ley General de Educación, a saber: el pleno desarrollo de la personalidad; la formación en el respeto por la vida, los derechos humanos y la paz; el aprendizaje de conocimientos científicos, técnicos y artísticos; el desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica; la adquisición de una conciencia para el mejoramiento del medio ambiente; la formación en la práctica del trabajo y la creación de una conciencia de la soberanía nacional.

En desarrollo del programa Educación es Calidad, se definirán lineamientos curriculares y se establecerán estándares por áreas de conocimiento; se consolidará e institucionalizará el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación, que cubrirá la evaluación de la calidad de la enseñanza, la evaluación de los docentes y directivos docentes, el desempeño profesional de los educadores, los logros de los alumnos, la eficiencia de los métodos y textos escolares, la organización administrativa y física, y la eficiencia en la prestación del servicio. Los resultados que arroje el sistema se divulgarán periódicamente con el fin de nutrir la formulación de políticas de formación de docentes, orientación de recursos financieros del Estado para la educación y promover la exigibilidad social de la calidad de la educación.

Especial atención se pondrá en la transformación y acreditación de las instituciones formadoras de docentes; la transformación, innovación y cualificación de los procesos de formación permanente de los educadores. Se continuará con estrategias que permitan identificar, difundir y replicar experiencias reconocidas por su impacto en el logro de los estudiantes.

Se ampliará la jornada escolar con el propósito de ofrecer apoyo pedagógico a los alumnos en la elaboración de sus tareas escolares, conocimiento y uso de métodos de estudio, de promover la lectura a través de la dotación de bibliotecas escolares o apoyo a las bibliotecas públicas, y de brindar a los niños y jóvenes actividades recreativas, deportivas, de formación artística, cultural y ciudadana. Se impulsará gradualmente la Jornada Unica Diurna atendiendo a los criterios de infraestructura, dotación, planta de personal y salario profesional para los docentes que asuman esta modalidad.

Se establecerán convenios con los establecimientos educativos para desarrollar acciones pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración de personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, sensitivas o emocionales.

2.1.4 Ursulas

Este programa busca reconocer que la formación integral de las personas se inicia desde el vientre materno. No contaremos con un sistema equitativo si todos los niños y niñas no han desarrollado, desde la concepción, los fundamentos del aprendizaje.

Para construir las posibilidades de dicho desarrollo, el Gobierno Nacional diseñará y ejecutará este programa que está orientado a la formación de padres, madres y adultos responsables de niños y niñas, bajo el supuesto de que a ellos corresponde la tarea primordial de generar las condiciones psicoafectivas necesarias para que los infantes construyan un sistema de aprendizaje adecuado.

Esto sólo será posible si los adultos toman conciencia y aceptan el papel educativo que desempeñan en la interacción inmediata y constante que tienen con los niños y niñas y responsabilidad en la creación de ambientes afectivos, creativos, estimulantes y de convivencia pacífica.

El Gobierno facilitará la acción adulta en la perspectiva señalada, mediante distintas estrategias y proyectos que tendrán en cuenta las prácticas de crianza favorables para el desarrollo de la población a la cual está dirigido este programa.

Dentro del sistema educativo, el contenido y los propósitos del programa Ursulas le configuran su articulación principal con el nivel obligatorio de Educación Preescolar, cuya cobertura se propone ampliar el Gobierno.

2.2 Educación media

La educación media requiere un gran debate nacional para darle una identidad propia, de la que carece, para que juegue un papel entre la educación básica y la educación superior o el mundo del trabajo.

Sin perjuicio de la inversión de los recursos del situado fiscal y de otros recursos oficiales orientados a la Educación Media, los aportes a que se refiere el artículo 11, numeral 4, de la Ley 21 de 1982, con destinación a las escuelas industriales e institutos técnicos oficiales, podrán invertirse en instituciones con orientación académica para el fortalecimiento de proyectos de ciencia y tecnología.

2.3 Colombia: sociedad de conocimiento

Este Plan se propone impulsar la construcción de Colombia como una sociedad del conocimiento, en un proceso que se debe observar como una totalidad porque contempla el desarrollo de la persona desde la concepción hasta la tumba. En esta perspectiva hay dos elementos fundamentales del sistema que son: la Educación Preescolar, Básica y Media que genera los fundamentos primarios para el desempeño en dicha sociedad; y la Educación Superior que articula la orientación del proceso, generando con la investigación, la docencia y la extensión, un horizonte para la formación en lo superior, hacia el que se dirija la totalidad del sistema educativo en particular y de la Nación en general.

Con esto Colombia logrará situarse en un plano de igualdad en el desarrollo del contexto global y no en condiciones de periferia que subordina su crecimiento a otros.

Este plan impulsa la movilización nacional que está adelantando el Gobierno Nacional con participación de todos los estamentos educativos y de los demás sectores de la sociedad, para construir conjuntamente un sistema viable caracterizado por la capacidad de aprendizaje y adaptación a los cambios del entorno. Este sistema debe balancear autonomía y cohesión y permitir el ejercicio responsable de la primera.

2.3.1 Ampliación del sistema de crédito

Los dineros destinados para este subprograma constituyen un recurso adicional y no sustitutivo de los aportes directos de la Nación para las instituciones públicas de educación superior.

Este subprograma se ejecutará a través del Icetex y busca dos objetivos principales: ampliar la cobertura y mejorar la equidad del sistema de crédito como instrumento para el acceso equitativo a la educación superior. En este mecanismo se dará especial énfasis al crédito para sostenimiento.

En este proceso se introducirán elementos de subsidio en el crédito para cubrir la demanda de crédito para los estratos uno, dos y tres (1, 2 y 3) en instituciones de educación superior que satisfagan los criterios de calidad que establezca el Ministro de Educación Nacional atendiendo el concepto de la Comisión Nacional de Acreditación.

2.3.2 Mejoramiento de la calidad

El objetivo de este subprograma es el de mejorar la calidad y el nivel de la educación superior impartida en el país, protegiendo los derechos de los usuarios de este nivel educativo. Dentro de este subprograma se dará especial énfasis a programas de capacitación de docentes y de mejoramiento de la capacidad académica instalada en instituciones públicas de educación superior.

Para el logro de este objetivo es necesario el establecimiento de instituciones e instrumentos de regulación eficaces; en particular, se fortalecerá el sistema de información de la educación superior que permita discriminar la calidad de la oferta y se apoyarán los procesos de inspección, vigilancia y acreditación.

2.3.3 Impulso a la educación tecnológica y la capacidad científica

Mediante este subprograma se pretende impulsar las capacidades científicas y tecnológicas de las universidades de modo que contribuyan al desarrollo y a la solución de las necesidades del país.

Para el logro de este objetivo se dará especial énfasis a la financiación de programas de maestrías y doctorados en las universidades públicas.

Igualmente, la Nación promoverá el mejoramiento de la calidad y la pertinencia de la educación tecnológica, lo mismo que promoverá la selección de este tipo de programas por parte de los jóvenes con la intención de acelerar y facilitar la modernización científica y tecnológica.

El Gobierno Nacional también apoyará a sus cuerpos consultivos especialmente a las academias colombianas (Lengua, Medicina, Jurisprudencia, Historia, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Ciencias Económicas, Sociedad Colombiana de Ingenieros, Sociedad Colombiana de Arquitectos, Sociedad Geográfica Colombiana, Patronato de Artes y Ciencias) e Instituto Caro y Cuervo, y todas aquellas que formen parte del Colegio Máximo de Academias Colombianas. Para tal efecto, el Ministerio de Educación u otras entidades estatales podrán celebrar contratos con estas instituciones, a fin de promover el avance del saber y de la cultura colombiana en el área que a cada una le compete.

2.4 Juventud

2.4.1 Constructores de un nuevo país

Con el propósito de implementar la Política Nacional de Juventud para el cuatrienio y desarrollar la Ley 375 de 1997, el Ministerio de Educación Nacional, a través del Viceministerio de la Juventud, se concentrará en el cumplimiento de los siguientes objetivos: promover a los jóvenes como constructores de paz, generando nuevas formas de servicio a la sociedad y posibilitando el acceso a más y mejores bienes y servicios; fomentar la educación y la formación integral, incluyendo las dimensiones que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad para que participe de manera activa en la vida social del país; y promover la asistencia técnica a las entidades territoriales y organismos no gubernamentales para el diseño de las Políticas de Atención a la Población Juvenil mediante la promoción de la participación y la institucionalización de programas para dicha población.

Como líneas de acción básicas para alcanzar este propósito, se implementará con el liderazgo del Viceministerio, el Sistema Nacional de Juventud como el conjunto de instituciones, organizaciones, entidades y personas que trabajan con y en pro de los jóvenes, fomentando los Consejos de Juventud; los Servicios Integrados para Jóvenes, mediante Cuerpos Solidarios Juveniles como alternativas para que los jóvenes puedan proyectarse, y las Casas de la Juventud como espacios de encuentro, socialización y capacitación juvenil.

2.5 Deporte

El Gobierno Nacional apoyará el proceso de descentralización del sector, avanzando en la transformación del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, en una institución técnica de investigación y asesoría en materia deportiva, que administre un Sistema de Información para efectuar el seguimiento y evaluación de resultados en los entes territoriales.

Se avanzará en la descentralización del deporte. La Nación promoverá las iniciativas de las entidades territoriales y del sector privado para los programas de deporte formativo y de alto rendimiento.

En este sentido el Gobierno Nacional garantizará presupuestalmente la celebración de los juegos deportivos nacionales programados bajo criterios técnicos y equitativos con las regiones, como elemento integrador de la juventud colombiana, para lo cual coordinará con Coldeportes Nacional y las entidades territoriales correspondientes, su efectiva ejecución.

2.6 Recreación: Herramienta de construcción de paz y desarrollo social

El Plan operacionalizará la recreación como componente integrador de las diversas áreas de bienestar y ajuste de individuos y colectividades, procurando que su carácter de medio para el desarrollo integral urbano y social, se concrete en su aporte al bienestar general de la población infantil, juvenil y la tercera edad, teniendo en cuenta género, condición y etnia.

Esto se hará posible mediante la puesta en marcha del Plan Nacional de Recreación, que contará con el apoyo de las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil comprometidas con el sector y de las Cajas de Compensación. Adicionalmente tendrá soporte en la consolidación del Sistema Nacional de Recreación, del Servicio Social Obligatorio y el voluntariado en el sector y del sistema de información para el monitoreo, seguimiento y evaluación de resultados de la gestión en recreación de los entes territoriales.

3. Cultura

3.1 La organización del sector

Mediante este programa se consolidará el Sistema Nacional de Cultura, a través de la creación de consejos e instituciones territoriales de cultura, el fortalecimiento de organizaciones no gubernamentales y agentes culturales y la consolidación de los procesos que vivifican y estructuren el Sistema: formación, información, planeación, organización y financiación. Con este fin, se implementarán programas encaminados a fortalecer financieramente el sector, tanto a nivel nacional como a nivel territorial, canalizando los recursos generados por la cultura hacia el mismo sector.

3.2 Patrimonio cultural de la Nación

La acción del Estado se centrará en la identificación, investigación, análisis, conservación, restauración, difusión y valoración del patrimonio cultural material (documental, sonoro, visual, fílmico, mueble e inmueble), y no material (memoria, tradiciones, costumbres, entre otros), que hacen parte del conjunto del patrimonio artístico y cultural de la Nación, patrimonio que es eje fundamental del desarrollo y fuente esencial de la memoria y la identidad.

Se fortalecerán los museos, bibliotecas, centros documentales y archivos, como ejes de la atención, cuidado y fortalecimiento del patrimonio cultural en el país. Se fortalecerán igualmente el Museo Nacional, la Biblioteca Nacional, el Instituto Colombiano de Antropología y el Archivo General de la Nación, entidades que se constituyen como ejes de la acción patrimonial directa del Gobierno. Se consolidará la ampliación física del Museo Nacional como proyecto de interés social para fortalecer labores educativas y culturales y como apoyo a los demás museos del país, en sus servicios educativos y culturales para los colombianos del próximo siglo.

3.3 Formación artística y cultural

Este programa fomentará el conocimiento de nuestra realidad, historia, mitos y raíces. El impulso a la antropología y a la arqueología y el rescate de la enseñanza de las humanidades a nivel escolar contribuirán a lograr este cometido. Se promoverá el fortalecimiento de los programas y de las instituciones nacionales y territoriales, encargadas de desarrollar procesos pedagógicos-artísticos y culturales y se promoverá la formación y profesionalización de los creadores y los gestores culturales.

3.4 Fomento a la creación y a la investigación artística y cultural

Se estimulará la creación y la investigación artística con el objeto de reconocer y promover el inmenso potencial artístico que pueda garantizarle al país la continuidad de sus tradiciones culturales; se trata de conciliar conceptos como identidad y globalización, y de elevar el nivel de los artistas nacionales y su profesionalización.

3.5 Cultura y medios de comunicación

Se buscará fortalecer los procesos comunicativos (radiales, televisivos, impresos y cinematográficos) que refuercen los diálogos interculturales que ocurren en el territorio nacional, con el propósito de contribuir a democratizar la información y el acceso a las actividades, los bienes y los servicios artísticos y culturales. Se continuará, a través de las radios comunitarias, con la promoción de mecanismos reales y eficientes para proteger, conservar, rehabilitar y divulgar nuestro patrimonio cultural, en particular el sonoro (musical y oral).

De igual forma, se participará activamente en la consolidación del canal de televisión cultural, y se propenderá por la ampliación de espacios de programación cultural en los concesionarios de los medios de comunicación radiales y televisivos, buscando mecanismos para estimular a los canales privados con el fin que produzcan y exhiban programas de alto nivel cultural. Se fomentará la producción cinematográfica nacional mediante la generación de medios de financiamiento públicos y privados de fuente nacional, bilateral e internacional.

3.6 Industrias culturales

Con el fin de consolidar el sector cultural como fuente de desarrollo económico y social, en los casos en que ello sea posible y conveniente, se buscará incorporar la producción cultural en las dinámicas del mercado, a través de las industrias y servicios culturales para lo cual se facilitarán mecanismos que incentiven la inversión en el sector, tales como depósitos aduaneros dedicados a la actividad cultural. Los sectores prioritarios para el desarrollo de estas políticas serán la industria editorial, la industria cinematográfica, fonográfica y el turismo cultural, entre otros. Para su fortalecimiento se canalizarán recursos hacia el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica y el Fondo Mixto Nacional de Promoción.

4. Salud

4.1 Afiliación al régimen subsidiado de salud, atención de accidentes de tránsito, víctimas de catástrofes naturales y fortalecimiento de la red de urgencias

El Gobierno Nacional y las entidades territoriales garantizarán la cobertura de afiliación al régimen subsidiado del sistema de seguridad social en salud y promoverán su ampliación.

Para esto destinarán los recursos de la subcuenta de solidaridad del Fosyga y las demás fuentes de financiación del régimen subsidiado.

El incremento de cupos en la cobertura de régimen subsidiado se hará teniendo en cuenta principalmente los niveles del NBI y de menor cobertura de los diferentes municipios, y se corregirá el desequilibrio existente entre las diferentes regiones del país. El nivel nacional a través del Fosyga destinará mayores recursos para los municipios con mayor NBI y menor cobertura y así cumplir con el principio de equidad y obligatoriedad de que habla la Ley 100 de 1993.

Los recursos de la subcuenta ECAT financiarán la atención en salud de las víctimas de accidentes de tránsito, de accidentes terroristas, catástrofes naturales, o de otros eventos expresamente aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, así como la indemnización por incapacidad permanente y por muerte, gastos funerarios y gastos de transporte al centro asistencial de esta misma población. Estos recursos financiarán, una vez cubiertos los beneficios anteriores, programas de fortalecimiento institucional de la red nacional de urgencias y de prevención y atención de accidentes de tránsito, eventos catastróficos y terroristas, así como aquellos destinados al tratamiento y rehabilitación de sus víctimas, previa aprobación de distribución y asignación por parte del Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud.

El Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de Seguridad Social podrán revisar y ajustar los topes de cobertura de los beneficios a cargo del SOAT y del Fosyga. Los demás riesgos serán atendidos con cargo a las subcuentas de ECAT de acuerdo con la reglamentación que se expida.

4.2 Plan de atención básica

El Ministerio de Salud acordará con los ministerios del Medio Ambiente y Educación Nacional y con las entidades territoriales en el marco del Plan de Atención Básica, PAB, el desarrollo de estrategias integradas de control de enfermedades emergentes y reemergentes con énfasis en la promoción de la salud, la participación social y el ordenamiento del medio ambiente. El Gobierno Nacional, las entidades territoriales, las EPS y las ARS garantizarán prioritariamente la financiación y el suministro oportuno de los productos biológicos requeridos para el cumplimiento de las metas determinadas en el Plan ampliado de inmunización con el fin de lograr la cobertura universal en materia de vacunaciones.

El Ministerio de Salud liderará la puesta en marcha de una estrategia integral de promoción de la maternidad y paternidad responsables y de la salud sexual, con énfasis en la población adolescente y con perspectiva de género. Para hacer efectivo este programa el Ministerio de Salud recurrirá a los recursos de que habla el parágrafo 2o. del artículo 166 de la Ley 100 de 1993. Además, el Ministerio de Salud promoverá la atención integral en salud a la población que se encuentre en situación de desplazamiento forzoso, propiciará los espacios municipales para la promoción de la convivencia pacífica y orientará al sector en la integración al Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia. Se incluirán acciones para prevenir el consumo de alcohol, cigarrillos y otras sustancias psicoactivas en niños, niñas y adolescentes. Así mismo, dentro del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad y Minusvalía, se pondrá en marcha las acciones de promoción de una cultura de integración social de la persona con discapacidad en igualdad de oportunidades.

El Gobierno Nacional priorizará y promoverá la contratación de las actividades del PAB, a través de la red pública garantizando mínimo el cincuenta por ciento (50%) y definirá las condiciones mínimas de contratación tanto en la red pública como en la red privada.

4.3 Otros programas

4.3.1 Estabilidad financiera

Para garantizar la estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, y lograr el acceso a los servicios de salud con equidad, se controlará la evasión y elusión de aportes, y se estudiará la posibilidad de crear una central única de recaudo para las distintas contribuciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, o se utilizarán otros sistemas de información como el registro único de aportantes. Así mismo, se evitará la múltiple afiliación al sistema y la afiliación fraudulenta. Se establecerán mecanismos con el objeto de proteger los derechos de los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en cuanto al aseguramiento y por ende la prestación de los servicios, en caso de que las Empresas Prestadoras de Servicios de Salud, EPS, o las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, a la cual se encuentran afiliados, tengan problemas de solvencia o quiebra. Por otro lado, se garantizarán los recursos para la sostenibilidad del Régimen Subsidiado de Salud. El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos y procedimientos de compensación, diseñando las etapas del proceso y sus fechas de presentación.

Incurrirán en causal de mala conducta, sin perjuicio de las acciones fiscales, penales, civiles y administrativas a que haya lugar, los alcaldes o gobernadores que desvíen o demoren, o no entreguen oportunamente los recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Así mismo es deber de las ARS cancelar oportunamente sus obligaciones con las instituciones prestadoras de salud.

4.3.2 Aumento de cobertura

Con el propósito de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios de promoción, prevención, recuperación de la salud, sin que se altere el principio de equilibrio financiero, que garantiza la sostenibilidad del régimen subsidiado existente, y aceptando los porcentajes de la vigencia de 1999 se suspenderá la transición de la Ley 344 de 1996 de transformación de subsidio de oferta a demanda, para garantizar la atención en salud de la población vinculada al sistema y para la atención de las patologías no incluidas en el Plan Obligatorio de Salud (POS) del régimen subsidiado.

El Consejo de Seguridad Social en Salud revisará la transformación de los subsidios de oferta a la demanda teniendo en cuenta los recursos fiscales y la evaluación de la población vinculada y afiliada.

El Consejo de Seguridad Social en Salud podrá definir el acceso a los servicios de salud para ciertos grupos de población en condiciones especiales, como los indigentes, los niños abandonados y los desplazados.

De igual forma se crearán subsidios parciales para los trabajadores independientes de niveles tres (3) y cuatro (4) del Sisben, de conformidad con la reglamentación que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud. El Gobierno Nacional aportará nuevos recursos para esos subsidios parciales. El Gobierno Nacional financiará el estudio que permita definir la capacidad de pago de estos grupos de población, de tal manera que los trabajadores independientes aporten para su afiliación de acuerdo con sus ingresos. Se estudiarán alternativas para reducir el porcentaje de cotización o pagar el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y se evitará la afiliación de población no pobre al régimen subsidiado. La población que pudiendo afiliarse no se afilie, deberá asumir directamente los costos de la atención de salud que requiera. Las cajas de compensación familiar que estén manejando hogares comunitarios, podrán destinar los nuevos recursos del régimen subsidiado para la afiliación de niños menores de seis (6) años de escasos recursos y sus familias. En todo caso, las cajas deberán mantener la financiación de sus afiliados actuales al régimen subsidiado.

4.3.3 Entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud

Se revisarán los requisitos existentes para la conformación de empresas promotoras de salud, administradoras del régimen subsidiado e instituciones prestadoras de servicios de salud para que en la creación de nuevas entidades de este tipo, se garantice la existencia de condiciones técnicas, administrativas y financieras que les permitan responder en debida forma con sus obligaciones.

Aquellas que no tengan viabilidad financiera se liquidarán. Las Administradoras del Régimen Subsidiado, ARS, y las Empresas Solidarias de Salud, ESS, podrán agruparse para garantizar la compensación del riesgo y fortalecer su capacidad financiera. El Gobierno Nacional definirá el carácter de las ARS para optimizar la utilización de los recursos de la UPC del régimen subsidiado para la prestación de los servicios de salud. Si los recursos que las ARS deben destinar para prestación de servicios no se requieren en la vigencia en su totalidad, éstos deben reservarse en un fondo destinado a la prestación de servicios. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud podrá crear una cuenta especial de provisión en el Fosyga para garantizar la prestación de los servicios. Se estudiará la posibilidad de reestructurar las ARP para financiar los gastos de salud generados en riesgos profesionales. El Gobierno Nacional evaluará la respuesta dada por las entidades que manejan el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones, con el fin de garantizar que la totalidad de los gastos de salud generados en accidentes de tránsito sean pagados por este seguro. Los accidentes de tránsito que provengan de un riesgo profesional se pagarán con cargo a los recursos del Sistema de Riesgos Profesionales. Las EPS públicas y las entidades adaptadas, deberán cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley 100 de 1993. Así mismo, las EPS, las ARS y entidades adaptadas no podrán otorgar incentivos diferentes a mejorar la cantidad y calidad de servicios de salud previstos en el Régimen, ni subcontratar la totalidad de los POS con otras entidades, ni delegar la garantía y calidad de la prestación del servicio.

El Instituto de los Seguros Sociales, ISS, se fortalecerá institucionalmente y pondrá en funcionamiento el sistema de información, que le permita administrar eficientemente los diferentes seguros y la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.

Facúltase al Gobierno Nacional hasta el 31 de diciembre de 1999, para adoptar las medidas que se requieran en orden a reestructurar los servicios asistenciales en salud del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República sobre la base de su viabilidad funcional y financiera, con arreglo a los estudios técnico-jurídicos que adelantará al respecto.

Durante este término el Fondo continuará prestando los servicios asistenciales en salud en las mismas condiciones en que lo viene haciendo. Para efectos de financiamiento de los servicios adicionales al plan obligatorio de salud con recursos diferentes de las cotizaciones obligatorias, el gobierno fijará las contribuciones adicionales que sean menester, a cargo de los afiliados y de la Nación, aplicando a este último efecto los recursos previstos en la Ley de Presupuesto y el Decreto 2354 del 19 de noviembre de 1998, sección 1805 Fondo de Previsión Social del Congreso, A. Funcionamiento, Unidad 1805-02 Salud, rubro 3-5-3-7-10 Otras transferencias-Recursos corrientes.

4.3.4 Fortalecimiento del sistema de garantía de calidad

Se trabajará en el fortalecimiento del sistema de garantía de calidad en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, IPS, y Empresas Promotoras de Servicios de Salud, EPS, a través de mecanismos que incentiven el logro de niveles superiores de calidad. El Ministerio creará un sistema de indicadores de resultados que permita evaluar la calidad en la prestación de los servicios y lo pondrá en marcha en coordinación con las EPS y ARS. Así mismo, reglamentará la acreditación de las IPS.

4.3.5 Hospitales públicos

Los hospitales públicos deberán transformarse en Empresas Sociales del Estado, ESE. Para ello deberán reestructurar sus plantas de personal, flexibilizar su sistema de contratación, mejorar su gestión, garantizar la solvencia de sus sistemas de referencia y contrarreferencia y adecuar los servicios que prestan para garantizar sostenibilidad. Para esto el Gobierno Nacional implementará planes de fortalecimiento institucional para la red pública de servicios de salud, cofinanciados con las entidades territoriales y/o los hospitales, con el fin de mejorar la prestación de los servicios de promoción, prevención, protección y recuperación de la salud en forma integral. En todo caso, no se vulnerarán los derechos legales y convencionales que hayan sido pactados o reconocidos con arreglo a la ley. El Ministerio de Salud y los entes territoriales ofrecerán la asistencia técnica, la capacitación y el apoyo financiero necesario mediante créditos, para la adecuación de las plantas de personal requeridas según el nivel de complejidad y las posibilidades de cada región.

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud tendrá la potestad para definir el porcentaje mínimo y las condiciones de la contratación entre las ARS y las IPS públicas.

El Gobierno Nacional reglamentará la composición, calidades y cualidades de los componentes de las Juntas Directivas de las Empresas Sociales del Estado, ESE.

4.3.6 Sistema de información

Se establecerá un sistema integral de información en salud confiable y oportuno que permita el seguimiento de las acciones de los gobiernos locales y el flujo de información hacia estos niveles, de tal forma que se les faciliten sus funciones. Así mismo, se promoverá la homologación de los sistemas de información y la integración de las acciones de todos los actores con el fin de lograr el control y seguimiento, tanto de los usuarios del sistema como de los aspectos relacionados con la prestación de los servicios y el manejo del conjunto de los recursos e infraestructura del sector.

4.3.7 Sistema de vigilancia y control

En éste, las distintas instancias que lo conformen, a saber; el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, definirán claramente las competencias y las funciones que cada instancia desarrollará. Así mismo, se incluirán mecanismos de participación ciudadana en el control integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, en especial en los temas de afiliación y garantía en la satisfacción de los derechos de los usuarios. Se estructurará y adecuará el sistema de vigilancia y control y la Superintendencia de Salud como cabeza del sistema. A nivel territorial, la Superintendencia de Salud podrá exigir a los entes vigilados contratar auditorías externas y/o se generarán mecanismos con el fin de que los entes vigilados contribuyan al financiamiento de esta función.

Igualmente, la Superintendencia podrá contratar auditorías cuando lo requiera.

Se fortalecerán los mecanismos de participación ciudadana en el control integral del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS.

4.3.8 Investigación científica en salud

El Ministerio de Salud adelantará acciones de promoción de la investigación científica en salud básica y aplicada en las áreas de interés para el país, con miras a brindar un proceso continuo de mejoramiento de la calidad científica y ética en la prestación de los servicios de salud. Así mismo, promoverá procesos de planeación tecnológica, con el fin de fortalecer su racionalización y su adecuada prestación.

Se mantendrán el monopolio rentístico de las loterías, la totalidad de los juegos de suerte y azar y el conjunto de las rentas cedidas para la salud, con destinación específica para financiar el sector. El Gobierno Nacional determinará un porcentaje del producto de los juegos de suerte y azar con destino a la investigación y ciencia en salud.

5. Familia y niñez

5.1 Programa familia y niñez

Los lineamientos generales de la política orientada hacia la familia colombiana se enmarcan en la búsqueda de un compromiso social que promueva mejores condiciones para el desarrollo individual y colectivo de sus miembros, particularmente de los derechos de los niños y niñas, así como en la corrección de la inequidad adicional que se genera vía el menor capital humano y social de las familias pobres.

5.2 Familia

Durante este gobierno se promoverán las condiciones para el fortalecimiento y desarrollo de la familia colombiana, incidiendo en los factores protectores que favorecen el regeneramiento del tejido social. Con este fin, se estudiará la estructura impositiva actual de las personas naturales, las tasas impositivas por tipo de familia, así como el subsidio familiar, de tal manera que éstos operen en la dirección de incentivar un mayor capital social para la familia.

5.2.1 Promoción y prevención

Uno de los énfasis de este Plan consiste en vigorizar la promoción y la prevención, mediante diferentes mecanismos en los que la sociedad civil tendrá un papel preponderante y cuyo eje es el establecimiento educativo y el hogar comunitario de bienestar. Los maestros, los padres de familia, las madres comunitarias y otros agentes comunitarios serán capacitados en la detección precoz del maltrato y de los problemas familiares y en las acciones a seguir en cuanto a la forma de aproximación al niño y de la remisión a otras entidades de apoyo en los casos que se requieran.

5.2.2 Plan Nacional de Alimentación y Nutrición

A través del Sistema Nacional de Bienestar Familiar se articularán las ocho líneas de acción del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, que actuará prioritariamente en los niños y niñas de las escuelas oficiales con énfasis en los sectores rurales y urbano marginales que presenten mayores déficits nutricionales, mujeres embarazadas, madres lactantes y menores de seis (6) años no cubiertos por hogares comunitarios.

5.2.3 Plan nacional contra la violencia intrafamiliar

El Plan generará las directrices nacionales que servirán de línea de base o estándar mínimo de atención para la articulación de las diferentes acciones preventivas, educativas, de apoyo, de atención y protección que darán nuevas y adecuadas respuestas a la problemática de la violencia intrafamiliar.

5.2.4 Plan nacional contra las drogas

Este programa pretende promover una transformación cultural y un mejoramiento de la calidad de vida a través del empoderamiento de la población, creando las condiciones necesarias para que las comunidades logren una comprensión integral de su realidad, desarrollen estrategias novedosas comunitarias, se apropien de sus problemas y propongan y ejecuten alternativas de solución.

5.2.5 Programas de atención integral a la niñez

La política está encaminada a promover la atención integral de la niñez y la solución de conflictos al interior de la familia y la comunidad, bajo los principios de compromiso, participación, equidad de género y respeto a las diferencias culturales y regionales, tanto en las zonas urbanas como en las rurales.

5.2.5.1 Nuevos hogares comunitarios

Se promoverá la atención integral a los niños pobres menores de seis (6) años. Para esto se crearán nuevos modelos de atención con la concurrencia del ICBF, las cajas de compensación familiar, los gobiernos municipales y las familias de los niños, entre otros actores. No se manejará un único esquema de atención, pero los que se diseñen deberán garantizar la atención integral. Cada caja de compensación, de acuerdo con sus posibilidades y las características de su población, podrá estructurar el programa.

5.2.5.2 Iniciativas municipales para la atención del menor

Este programa busca cualificar la atención y protección ofrecida a la población que tradicionalmente ha sido beneficiaria de los programas del ICBF, a través del apoyo de iniciativas originadas por autogestión de la comunidad, el gobierno local, las empresas y las organizaciones presentes en la localidad. Se pretende que la solución a las deficiencias nutricionales y el cuidado y protección de los niños, sean atendidos prioritariamente al interior de la familia, de la sociedad y del municipio.

5.2.6 Juventudes

Los programas de juventud buscan contribuir al mejoramiento del bienestar de los jóvenes fortaleciendo las cualidades, capacidades y aptitudes del individuo que conduzcan a una formación integral, permitiendo su desarrollo físico, psicológico y social y propiciando una mejor y mayor participación activa de los jóvenes en el desarrollo del país.

En tal sentido, el Gobierno Nacional impulsará el Sistema Nacional de Juventudes y formulará un Plan Nacional de Solidaridad Juvenil para promover el servicio social y el voluntariado juvenil como forma de expresión y potencialidad para el trabajo. De la misma forma, prestará especial apoyo al proceso de resocialización de la población juvenil carcelaria.

5.2.7 Políticas en reproducción responsable

Se elaborará y pondrá en marcha el Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, liderado por el sector salud en coordinación con el sector educativo y el ICBF, abordando la salud sexual y la atención de la salud reproductiva en forma integral.

5.2.8 Comunicación social

Un componente fundamental en el gran cambio tendiente al nacimiento de una nueva cultura en favor de la familia es el de la comunicación social, que acompañe de manera permanente, a nivel nacional, departamental, municipal y en todos los establecimientos (escuelas, centros de salud, hospitales, hogares de bienestar), la puesta en marcha de las políticas que se adoptan.

5.3 Protección

5.3.1 Protección especial al menor de 18 años

A través del plan de eficiencia en la protección se hará: la revisión y actualización de las normas y procedimientos de protección especial; la promoción de mecanismos que agilicen los procesos jurídicos y administrativos; el incremento de las medidas de ubicación familiar de los menores con preferencia a las medidas institucionales y en concordancia con las características regionales y culturales; el desarrollo de estándares de calidad en la prestación de los servicios.

5.3.2 Atención especial al discapacitado y al minusválido

Esta política tiene como objetivo crear una cultura de tolerancia, de respeto de los derechos y libertades a ser diferente, con base en los principios constitucionales de reconocimiento de la dignidad de la persona, los derechos fundamentales, la equidad y la solidaridad.

Se revisará el Sisben y las tasas impositivas con el fin de reconocer los mayores costos en que incurre una familia que vive con un miembro discapacitado y se crearán incentivos para la contratación laboral de esta población. Así mismo, se incluirá a la población discapacitada dentro del sistema de información de empleo del SENA y esta misma entidad proveerá cursos de capacitación para el trabajo con discapacitados en las áreas en que las empresas lo requieran cuando utilizan esta clase de trabajadores.

5.3.3 Protección especial a la población mayor de 60 años

La protección de la población mayor de sesenta (60) años se llevará a cabo en coordinación con las entidades territoriales, principalmente a través de tres estrategias diferentes: Incorporación voluntaria de esta población al programa jornada escolar complementaria, entrega de subsidios y afiliación al régimen subsidiado en salud.

5.4 Institucionales

5.4.1 Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF

El Gobierno Nacional pondrá en operación el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, SNBF, generando las condiciones para que sus actores actúen interinstitucionalmente en torno de la política de familia y niñez. Igualmente se propenderá a su puesta en marcha a nivel territorial.

5.4.2 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Dadas las competencias y responsabilidades vigentes actualmente para los gobiernos locales sobre los programas sociales, se pone en evidencia la necesidad de redefinir las funciones y operación del Instituto y su relación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar.

5.4.3 Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI

El Gobierno Nacional promoverá el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción en Favor de la Infancia, PAFI, mediante la coordinación con las entidades responsables en el nivel nacional, con los grupos intersectoriales departamentales y con los organismos de planeación territorial, para gestionar la inclusión, ejecución y seguimiento de las políticas de familia e infancia en los planes de desarrollo de las entidades territoriales.

6. Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres

El Plan de igualdad entre mujeres y hombres es el instrumento a través del cual el Estado colombiano se propone dar cumplimiento a los principios constitucionales de igualdad y a los acuerdos internacionales suscritos por el país respecto a la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Se hace efectivo mediante el diseño y formulación, en diferentes sectores, de estrategias que permitan superar las limitaciones y obstáculos que impiden la participación de las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en la vida política, económica, familiar, social, cultural, en cargos de toma de decisiones y en el poder público.

Bajo estos preceptos, el Gobierno Nacional tendrá la obligación de diseñar programas y proyectos que den prelación a la ocupación de la mujer, e impulsar procesos de capacitación y desarrollo integral como reconocimiento a su condición de eje de la familia y a su vez, ésta como núcleo de la sociedad.

7. Sector agropecuario

Las acciones en el sector agropecuario estarán dirigidas a integrar y modernizar al sector rural, mediante una política que busca proveer condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del campo, en su diversidad y complejidad.

Para lograr este objetivo es necesario ser eficientes en la ejecución de los programas gubernamentales adelantados de manera participativa y descentralizada basado en un ajuste institucional que facilite la integración y regionalización de las acciones y la adecuación de las instituciones a la dinámica del mercado reduciendo los trámites, mejorando la eficiencia, y buscando una coordinación entre las entidades.

Se dará especial énfasis a los incentivos, a la inversión privada como son: el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, y el Certificado de Incentivo Forestal, CIF. Así mismo, se establecerá preferencialmente la política de desarrollo a través de alianzas estratégicas valiéndose de instrumentos como son los incentivos vía crédito y el Fondo Agropecuario de Garantías y seguro agropecuario al financiamiento rural, por operación de mercado de capitales, de la bolsa nacional agropecuaria e instrumentos de política sectorial en ciencia y tecnología, comercio exterior, reforma agraria y políticas de comercialización, entre otras. Lo anterior, con el propósito de reactivar la inversión rural en nuevos proyectos productivos, muy especialmente en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos, en procura de mayores logros en la competitividad que acompañarán el proceso de transición. Es propósito del Gobierno Nacional facilitar la participación del sector privado en alianzas productivas y sociales como base del desarrollo.

En cumplimiento del programa de Gobierno el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural diseñará y pondrá en marcha una política de transición para elevar la productividad de las actividades agropecuarias promisorias y para establecer nuevas actividades que reemplacen aquella en las cuales no se evidencien posibilidades de mejorar su competitividad en un mercado abierto. Estos programas se dirigen a superar la falta de preparación del sector para la apertura y a orientar subsectores productivos agropecuarios hacia la exportación.

Esta política contemplará apoyos específicos, capacitación del recurso humano, asesoría, rebajas tributarias y otros estímulos a la inversión, reformas a la propiedad de la tierra, investigación, adecuación del aparato institucional para atender los requerimientos de la transición y una política comercial adecuada.

Los Ministerios de Agricultura y Comercio Exterior en asocio con los gremios de la producción definirán los productos y regiones objeto de cada programa.

El objetivo de política integral expresadas en las alianzas productivas y sociales es atraer recursos e impulsar la inversión en proyectos agroindustriales, agroforestales, silvopastoriles y acuiculturales, de carácter social que permitan impulsar el desarrollo y lograr la paz en las zonas rurales, mediante una estrecha asociación entre grandes, medianos y pequeños productores, inversionistas nacionales y extranjeros, industriales generadores de tecnología, comunidad rural, organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos nacional, regional y local, para la realización de proyectos productivos y sociales rurales que permitan impulsar el desarrollo del sector y hacer posible la redistribución equitativa del ingreso, la superación de la pobreza y el logro de la paz.

Para aumentar la generación de empleo y los ingresos de los trabajadores del campo

-requisito indispensable para lograr un ambiente de armonía y paz-, se facilitará el acceso a factores productivos con recursos provenientes, especialmente del Plan Colombia, del Fondo de Inversión para la Paz, y a través del programa de reforma agraria.

Para lograr la reactivación del campo, la generación de empleo rural, la disminución de la migración campesina a las ciudades y para cumplir con la meta de duplicar las exportaciones que propone el presente Plan. El Gobierno Nacional deberá contemplar estrategias de protección con acciones inmediatas que contribuyan a la política de absorción de empleo, recuperando para la producción de 120 mil hectáreas en 1999 y una cifra no inferior en los años siguientes a la vigencia de la presente ley, y apoyo a la producción nacional de alimentos, otorgando tratamiento preferencial al crédito de producción y comercialización, y procediendo a la implementación de la reclasificación del riesgo para acceder a créditos por parte del sector agropecuario mejorando la infraestructura y estableciendo mecanismos de fomento a la producción y al consumo interno de alimentos.

Se apoyará la entrada de productos agrícolas, agroforestales y agroindustriales a los mercados internacionales; contando con el apoyo de Proexport y la Corporación Colombia Internacional, quien se encarga de ser incubadora de proyectos productivos con una labor de investigación e inteligencia de mercados y promoción de proyectos con potencial exportador.

7.1 Incentivo a la capitalización rural

A través de este programa, se continuarán jalonando recursos del sector privado, en beneficio del desarrollo y la competitividad agropecuaria. Se actuará para lograr resultados en áreas tales como: adecuación de tierras, comercialización, mecanización, modernización e insumos, servicios de apoyo y fomento a la producción limpia.

Para la asignación del ICR deberá tenerse en cuenta que su distribución refleje las posibilidades que ofrecen productos con capacidad competitiva.

7.2 Política comercial externa

En el marco de los acuerdos sectoriales de competitividad y los compromisos internacionales, se realizará una protección a la producción nacional que tendrá en cuenta el tratamineto que los países competidores le dan a su producción, y la sensibilidad de la producción nacional. Se propenderá por el desmonte de las distorsiones y barreras al comercio.

Se revisará y ajustará el régimen de protección actualmente vigente a nivel de la comunidad andina, en el marco de los acuerdos vigentes.

Se sujetarán los compromisos internacionales adquiridos mediante tratados y acuerdos de integración al cumplimiento de metas claras en materia de modernización y competitividad sectorial.

Se diseñará y ejecutará una política comercial de transición, que permita adaptar al sector agropecuario colombiano a los retos que imponen los procesos de integración.

Se apoyará la investigación de mercados internacionales en la Corporación Colombia Internacional (CCI) para productos agropecuarios, agroindustriales, agroforestales y silvo- pastoriles, identificando, promoviendo y desarrollando oportunidades y proyectos para bienes de origen agropecuario con potencial de producción a nivel nacional.

7.3 Comercialización interna

En este campo se modernizarán los sistemas de comercialización agropecuaria para reducir la incertidumbre de los productores y mejorar su capacidad de negociación, reducir costos de transacción y aumentar la competitividad del sector. Adicionalmente, se fortalecerá la política de incentivos, compensaciones y subsidios a la comercialización dirigidos al sector privado para que ejecuten la política de comercialización, pero serán desmontados en el tiempo y sus beneficios serán principalmente para aquellos agentes que promuevan la modernización, competitividad y agricultura por contrato.

7.4 Política crediticia agropecuaria

Para incentivar la inversión rural, se impulsará la financiación de actividades de producción, transformación, comercialización y prestación de servicios asociados a actividades agropecuarias, con recursos provenientes del Plan Colombia y del Fondo de Inversión para la Paz. El sistema financiero nacional, con el apoyo de Finagro, será fundamental en el logro de dichos propósitos.

Se promoverán líneas de crédito para proyectos productivos con potencial competitivo en cultivos de ciclo corto o de tardío rendimiento que se adapten a sus respectivos flujos de ingresos. Se reestructurará integralmente la Caja Agraria y se buscará desarrollar una política de crédito para mejorar los servicios financieros rurales y ampliar la cobertura y acceso especialmente de los pequeños productores y en general de las actividades económicas rurales.

El Gobierno Nacional diseñará mecanismos legales que garanticen el acceso al crédito a los productores agropecuarios, por medio de la reclasificación del riesgo.

La política crediticia se acompañará de mecanismos que permitan solucionar la deuda morosa de los pequeños y medianos productores, con miras a rehabilitarlos como sujetos de crédito y normalizar la disciplina crediticia del sector, mediante la compra con descuento de la cartera crediticia agropecuaria a los intermediarios financieros, a la par que apoyar estrategias que hagan viable la recuperación de las deudas así adquiridas. Para ello se impulsarán la creación de fondos departamentales de reactivación y fomento agropecuario como sociedades de economía mixta conformadas por departamentos, municipios, los productores beneficiados y los gremios.

De conformidad con el artículo 66 de la Constitución Política de Colombia, el Gobierno tomará las medidas necesarias que garanticen una tasa efectiva de interés preferencial para las actividades vinculadas al serctor.

7.5 Sanidad agropecuaria

Se fortalecerá la capacidad técnica y operativa del ICA para cumplir las siguientes funciones: investigación y transferencia en control y prevención sanitaria, registro de obtentores; preservación y adecuado aprovechamiento de los recursos genéticos vegetales y animales y, prevención de riesgos en la introducción, producción y comercialización de organismos modificados genéticamente.

Buscando una mejor cobertura de sus actividades, el ICA podrá acreditar y delegar en personas naturales y jurídicas las siguientes acciones vinculadas al Subsistema Nacional de Protección Agropecuaria, Simpagro, las cuales ha venido ejecutando directamente: análisis de sanidad animal y vegetal; control y erradicación de plagas y enfermedades en animales y vegetales, análisis de residuos.

7.6 Reforma agraria

La reforma agraria se adelantará a través del Sistema Nacional de la Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, para tal fin el Gobierno Nacional establecerá mecanismos que permitan hacer efectiva la acción de cada uno de los subsistemas que lo componen.

La reforma agraria se promoverá mediante la utilización de un modelo integral, eficiente, transparente e innovador. Se patrocinará la negociación voluntaria y la compra de tierras, individual o colectivamente, dentro de proyectos productivos concretos, realizados de manera descentralizada y con veeduría ciudadana.

Se avanzará hacia el desarrollo integral de las zonas de reserva campesina, definidas tanto en las áreas de colonización como en las zonas de baldío en un adecuado marco de ordenamiento territorial, elaborado en coordinación con el Ministerio del Medio Ambiente.

Se buscará la vinculación del capital privado a los programas de reforma agraria, a través de aportes financieros o de tierras, por medio de programas de Alianzas Productivas para la reactivación sostenible del agro. Se impulsará la aplicación efectiva de la extinción del derecho de dominio, para tierras adquiridas con dineros obtenidos de actividades ilícitas y de aquellas tierras inexplotadas muy por debajo de su potencial.

El costo de la tierra y su arrendamiento será objeto de la política agraria para buscar su racionalización.

7.7 Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (Plante)

Dentro del Plante se impulsarán en coordinación con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural actividades de desarrollo productivo rentable que sean opciones a los cultivos ilícitos. Se adelantarán Planes Regionales de Desarrollo Alternativo, dirigidos a proyectos de infraestructura rural, investigación, desarrollo agrícola, pecuario, piscícola y forestal. También orientados a proyectos agroindustriales, agroforestales y silvopastoriles, que integrarán componentes de crédito, protección ambiental, asistencia técnica y promoción de la inversión privada.

7.8 Política de desarrollo tecnológico

Se diseñarán y ejecutarán programas dirigidos a fortalecer la investigación y transferencia de tecnología y a consolidar su institucionalidad con el fin de incrementar la productividad, eficiencia, y competitividad del sector agropecuario. Los criterios que regirán dichos programas serán el ajuste de los productos y servicios proporcionados a los requerimientos prácticos y efectivos de los productores y a las especificidades regionales, en un marco de cooperación y coordinación intersectorial e interinstitucional articulado con el Sistema Nacional de Protección y Sanidad Agropecuaria.

Corpoica orientará sus recursos hacia el área eminentemente investigativa y concretará su acción en la formulación de paquetes tecnológicos, poniéndolos a disposición de los productores y de las organizaciones que presten servicios de asistencia técnica y extensión rural.

Para financiar los programas de asistencia técnica, el Gobierno fortalecerá los mecanismos de subsidio a la demanda, de manera progresiva.

7.9 Política de insumos agropecuarios

Se le otorgará prioridad a los proyectos cofinanciados para el control integrado de plagas y la consiguiente transferencia de tecnología especialmente en cultivos de ciclo corto, para disminuir costos y mejorar la competitividad.

El Gobierno Nacional adecuará la reglamentación para permitir de manera inmediata la masiva utilización de agroquímicos genéricos, permitiendo que las licencias sanitarias y ambientales expedidas a productos comerciales se extiendan de manera automática a sus componentes genéricos. Con ello se busca la disminución de los costos de producción.

8. Medio ambiente

El objetivo general de la política ambiental es restaurar y conservar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas y diseñar instrumentos y mecanismos que garanticen un equilibrio entre la oferta y la demanda de los recursos ambientales de la Nación, fomentando el desarrollo regional sostenible, en el contexto de la construcción de la paz.

Para lograrlo esta política se estructura en un proyecto colectivo ambiental, el cual se desarrolla a través de tres objetivos, que se materializan en siete programas. Los objetivos específicos son:

Conservar y restaurar áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas (agua, biodiversidad y bosques).

Dinamizar el desarrollo urbano y regional sostenible (calidad de vida urbana y sostenibilidad de los procesos productivos endógenos).

Contribuir a la sostenibilidad ambiental de los sectores (producción más limpia y mercados verdes).

El proyecto colectivo ambiental está estructurado con base en siete programas centrales. La interdependencia entre todos estos programas define una orientación general de política, consistente en el manejo sistémico y concertado del conjunto de acciones del proyecto colectivo ambiental.

Para el desarrollo de estos programas se establecerán los siguientes instrumentos: participación, información, coordinación y articulación del sistema nacional ambiental, gestión ambiental municipal, ordenamiento territorial y planificación, generación de conocimiento y educación, cooperación y negociación internacional, regulaciones e instrumentos económicos y financieros, e instrumentos normativos.

La política ambiental considera como su eje articulador al agua; es decir, se sitúa en el punto de confluencia entre la crisis del agua y la crisis social y económica. Por lo tanto, propicia la búsqueda de soluciones concertadas que permitan frenar el proceso de deterioro de los ecosistemas hídricos, explorar alternativas de convivencia en torno a los intereses colectivos sobre el agua, e incidir en los niveles locales, regionales y nacionales de toma de decisiones.

Para la óptima ejecución de la política ambiental, se debe mejorar el nivel de articulación y coordinación de las entidades encargadas de la gestión ambiental, a través de acciones como: el fortalecimiento de los instrumentos financieros mediante la unificación de los fondos ambientales y, en general, promover la adecuación de la institucionalidad ambiental a los recursos y responsabilidades existentes.

8.1 Programa agua

Se dirige a avanzar en el ordenamiento, manejo adecuado y recuperación de los ecosistemas continentales y marinos; en los primeros, aumentando la capacidad de regulación de agua en las cuencas hidrográficas y, en ambos, promoviendo la eficiencia en su uso, y reduciendo los niveles de contaminación y riesgos.

El agua, eje articulador de esta política ambiental, debe también orientar nuestras relaciones fronterizas, mediante el desarrollo de acuerdos binacionales para el manejo integral de las cuencas hidrográficas compartidas.

8.2 Programa biodiversidad

Este programa tiene por objeto mejorar la conservación y restauración de áreas prioritarias de ecosistemas forestales y no forestales en ecorregiones estratégicas y la protección de especies amenazadas y de distribución limitada. Busca, además, fortalecer los sistemas de conocimiento e innovación sobre los componentes y usos de la biodiversidad y optimizar sus beneficios sociales y económicos, fortaleciendo la capacidad tecnológica, de manejo y negociación por parte del Estado y de la sociedad.

Con el fin de garantizar la conservación a largo plazo de los ecosistemas naturales se hace necesario el establecimiento de nuevas áreas protegidas en regiones como la Orinoquia y la región Andina, así como el fortalecimiento de las existentes en la Amazonia y el Pacífico. Adicionalmente, se hace necesario fortalecer la capacidad para la conservación de componentes importantes (por su amenaza o uso potencial) en colecciones vivas como bancos genéticos, jardines botánicos, zoológicos y acuarios.

La conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales se llevará a cabo bajo criterios de unidad en el manejo integral del sistema y lineamientos de política nacional en materia de áreas protegidas. La administración de estas áreas seguirá esquemas de coordinación, articulación intersectorial y concertación interinstitucional en el ámbito nacional, regional y local con el objeto de ejecutar una política integral de conservación de estos ecosistemas, teniendo en cuenta su importancia desde el punto de vista ecológico y social por su coincidencia con núcleos de conflictividad, marginalidad social, presencia de cultivos ilícitos, aprovechamiento ilegal de recursos naturales, exclusión étnica, conflictos de uso y ocupación, y fenómenos de violencia.

Adicionalmente, es fundamental garantizar la conservación a largo plazo de los ecosisemas naturales y el establecimiento de áreas protegidas en la región Caribe.

Se adelantará el "Plan Siembra" de la Alcaldía de Medellín cuyo objetivo general es desarrollar programas de reforestación, que contribuyen al mejoramiento de las condiciones ambientales y del entorno de la ciudad y que generen nuevas fuentes de empleo, mediante la ejecución de acciones coordinadas entre entidades públicas, privadas, organizaciones sociales y la comunidad en general.

La investigación, utilización y la distribución de los beneficios derivados de la biodiversidad, así como el uso de los recursos genéticos del país deberá tener como soporte una legislación específica y aplicable, respecto a su conocimiento, uso y conservación. A nivel puntual es indispensable garantizar a través de estos dessarrollos legislativos, la propiedad intelectual que las comunidades indígenas, negras, raizales y campesinas en general tienen sobre el uso de la biodiversidad, con especial énfasis en aspectos curativos y medicinales de plantas y animales.

Para ello en apoyo al desarrollo de la política ambiental del país, se propondrá al Congreso de la República un paquete legislativo sobre derechos de propiedad de comunidades nativas, que se articulará a los desarrollos complementarios propuestos a la Ley 29 de 1990 con provisiones sobre propiedad intelectual.

8.3 Programa bosques

Sus esfuerzos están orientados a avanzar en la conservación y restauración de áreas prioritarias en las ecorregiones estratégicas. En este contexto, busca promover e incentivar la acción conjunta del Estado y la sociedad civil en la conservación y el uso sostenible de los bosques, la reforestación, la restauración ecológica y el establecimiento de plantaciones productoras que generen beneficios económicos y sociales a la población. Busca igualmente fortalecer su incorporación a la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

Para desarrollar el objetivo específico de dinamizar el desarrollo urbano y regional, se estructuran los siguientes dos programas:

8.4 Programa sostenibilidad de los procesos productivos endógenos

Tiene por objeto impulsar y fomentar el uso sostenible de la diversidad biológica y el patrimonio cultural en los procesos de conservación, con criterio de gestión empresarial para beneficio económico y social de las regiones, como estrategia para el fortalecimiento del desarrollo endógeno regional. Igualmente, tiene por objeto apoyar y fomentar especialmente los proyectos de servicios turísticos que tengan como finalidad la promoción del conocimiento y uso sostenible de la diversidad biológica.

8.5 Programa calidad de vida urbana

Se dirige a prevenir y controlar los factores de deterioro de la calidad ambiental en las áreas urbanas de mayor dinámica poblacional y económica; adoptar modelos de desarrollo urbano sostenibles, acordes con las condiciones particulares de los asentamientos humanos, atender las necesidades ambientales colectivas y proteger y consolidar su capital natural.

8.6 Programa producción más limpia

Se dirige a promover la producción más limpia en los sectores dinamizadores de la economía y con mayor impacto ambiental, entre los cuales se destaca de manera especial la minería, y en segundo lugar, sectores como el energético, el industrial, el turístico, el agropecuario y el de construcción. Se dirige igualmente a incorporar la dimensión ambiental en el desarrollo de la infraestructura nacional y en el crecimiento de los sectores de la economía, con miras a promover su sostenibilidad.

8.7 Programa mercados verdes

Está dirigido a incentivar la producción de bienes y servicios ambientalmente sanos y a incrementar la oferta de servicios ecológicos competitivos en los mercados nacionales e internacionales, garantizando el reconocimiento de los derechos intelectuales y del país de origen respectivos.

9. Justicia

El objetivo principal de la política estará dirigida hacia la generación de acciones que faciliten el acceso a la justicia, potencien la generación de patrones de convivencia y establezcan mecanismos para la prevención, atención y control de los factores asociados con la presentación de hechos punibles y el desarrollo de violencia. Con este propósito se adelantarán programas tanto de justicia formal como de justicia no formal. En el contexto de la recesión económica, especial importancia ha de darse a los acuerdos preconcursales que permitan que se resuelvan los conflictos entre deudores y acreedores antes de iniciarse un trámite concursal.

9.1 Modernización y desarrollo de la infraestructura física

El objetivo principal del programa está dirigido a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en infraestructura física. Por esta razón, se orientarán recursos de inversión a la construcción de las sedes de los despachos judiciales y de la administración de justicia en las cabeceras de circuito o de distrito considerados prioritarios.

9.2 Modernización y desarrollo de la infraestructura tecnológica

Los esfuerzos de este programa estarán orientados a la modernización de la gestión pública a través de la inversión en medios tecnológicos. Con este propósito se adecuarán los recursos de infraestructura y tecnología a las nuevas propuestas de organización de los despachos judiciales y de la administración de la justicia.

Entre otros objetivos específicos del programa, se encuentra el establecimiento de esquemas de organización de la gestión y la adecuación de las plantas de personal a través de modelos diseñados para el efecto.

9.3 Sistema carcelario y penitenciario

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